Otra amenaza ambiental pone en tela de juicio los controles de la provincia

Otro caso vinculado a la pesca desnuda los flojos controles en materia ambiental y de política pesquera que hace la provincia de Santa Cruz a través de la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias dependiente del Ministerio de la Producción.

Fuentes bien informadas confirmaron ayer a TiempoSur que aún se encuentran sin levantar unas 6.800 trampas que puso la pesquera Yaganes S.A. entre el paralelo 47 y el puerto de Punta Quilla, empresa que además dejó de operar en Santa Cruz hace varios meses, dejando a más de 60 trabajadores a la deriva.

Pero como si esto fuera poco, esas trampas no contarían con las normas medioambientales adecuadas, por lo que podrían estar depredando el recurso. “No cuentan con un hilo que se degrada con el tiempo y abre las trampas dejando salir las centollas más pequeñas para que no se ponga en peligro el recurso”, indicó una de las fuentes.

Un sumario sin resultado- En su oportunidad, cuando el tema estalló en los medios, la Subsecretaría de Pesca a cargo de Pedro De Carli, tras la renuncia de Raúl Mella, informó que inició tres sumarios administrativos a la empresa Yaganes S.A., responsable de los buques pesqueros afectados a la captura de la centolla: Portbello I, Portbello II y Sofía B.

De hecho, esos sumarios fueron realizados  porque la provincia asegura haber certificado irregularidades en el material de las trampas que se hallaban en la cubierta de los barcos. En los expedientes se consignó: “Se obró en virtud de que las mencionadas naves, que se hallan en el puerto de San Julián hace casi 70 días, colocaron cerca de 3 mil trampas en la zona de operaciones (en realidad fueron en total más de 6 mil), que todavía continúan capturando ejemplares, constituyendo de este modo un perjuicio para la especie objetivo de la pesquería y provocando un daño ambiental sin precedentes”.

Por entonces, comienzos de este año, se le exigió de inmediato retirar las trampas en un plazo de 72 horas a partir de su notificación.

Falta de pago- Lo cierto es que a varios meses de ese sumario, la empresa no sólo no habría retirado las más de 6.800 trampas que puso en total, sino que además se fue de la provincia sin pagarle a los capitanes de los barcos, ni a sus marineros ni al personal de planta de los que se tuvo que hacer cargo la empresa Conarpesa.

Esta situación llevó a que incluso en marzo de este año se sancione una resolución en la Legislatura provincial por la que se exigía al Poder Ejecutivo Provincial, que en el plazo de 72 horas se conmine a la Presidente de la empresa Yaganes S.A., a realizar el pago de los haberes al personal que presta servicios en su planta de Caleta Paula, 62 en total.

También se solicitó al Ministerio de la Producción, que a través de la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias, interviniera en el conflicto laboral entre la empresa Yaganes S.A. y su personal, ante la falta de cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo, además de la intervención de la Secretaría de Estado de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno, a los fines de solucionar este problema laboral.

En Chubut, donde también operaba Yaganes con idéntico resultado que en Santa Cruz, la Legislatura aprobó un pedido de informes dirigido al ministro de Gobierno de Martín Buzzi, Javier Touriñán, para que explique si la empresa Yaganes SA se encontraba inscripta en la Inspección General de Justicia. La empresa había resuelto un mes antes desprenderse de los 53 trabajadores que tenía y luego de varias negociaciones y audiencias en la cartera laboral, la empresa Conarpesa anunció que a partir del 1º de mayo, el personal despedido sería absorbido por ellos.

“A Yaganes, la provincia de Santa Cruz le entregó tres permisos de pesca sin tener planta en tierra ni barcos propios, algo que resulta insólito debido a lo estricto que se debería ser en esta materia habiendo tanta gente de por medio y un recurso tan importante que proteger”, indicó una de las fuentes consultadas.

Ayer, el Subsecretario de Pesca se presentó en la Cámara de Diputados y dejó varios interrogantes sobre el tema. En cuanto a los gastos que demandaría levantar las trampas, una de las principales preocupaciones junto a la situación de los trabajadores, mencionó que esperan utilizar el seguro de caución, unos 700 mil dólares, como así también contar con colaboración del INIDEP.

Lo cierto es que esta situación constituye otro antecedente que se suma al de la desafortunada intervención y posterior expropiación de la pesquera Vieira S.A, que ya le demandó a la provincia, es decir a todos los santacruceños, un gasto de más de 30 millones de pesos. Intervención –además- fuertemente cuestionada por los diputados provinciales y que nunca pudo poner en producción a la empresa y que en este momento se encuentra con un pasivo ambiental producto de 400 toneladas de desechos en estado de putrefacción por falta de controles y previsión. 

La respuesta tardía del Ministro

Debieron pasar más de cuatro meses para que el Ministro de la Producción se refiera a la situación de Yaganes S.A. Fue en su última presencia en la localidad de Puerto Deseado a mediados del mes de julio, cuando sostuvo: “Es una decisión tomada, le vamos a retirar los permisos de pesca porque demostró cuáles eran sus intereses: pescar, irse, dejar a la gente en la calle y dejar las trampas en el agua, así que no tenemos mucho que pensar respecto a eso”, al tiempo que confirmó el despido por parte de la centollera de los empleados que se desempeñaban en la planta.

“Estuve hablando con los ex empleados de Yaganes que son en total 54 personas;  nosotros los estamos ayudando a que conformen una cooperativa, incluso también hablamos con los directivos de Conarpesa que es la planta donde van a trabajar , así que todo está encaminado para que la gente salga adelante”, dijo, y agregó que “ayer le mandé telegramas a Yaganes y vamos por el seguro de caución porque ahora confirmado el despido de los trabajadores de la planta ya podemos tratar de hacer efectivo este seguro, hay pasos legales, no es tan sencillo pero estamos tratando de ejecutarlo para incluir a los marineros y a los ex empleados de la planta e iniciaremos acciones legales a la empresa principalmente por las trampas que hoy siguen en el agua y que no las podemos retirar porque las operatorias cuestan dinero”, señaló.

En ese punto el funcionario admitió que el subsecretario de Pesca, Pedro de Carli,  cursó una nota al INIDEP solicitando colaboración para retirar las trampas pero el Instituto tuvo múltiples inconvenientes y no pudo hacerse aún efectivo el retiro. (Fuente Mar y Pesca).