La masacre de sandinistas en Nicaragua desata una campaña de represión

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, estrechaba el martes la mano del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y posaba, sonriente, junto a él frente a las cámaras de los periodistas nacionales y extranjeros acreditados en Managua. Mientras, en el norte del país el Ejército nicaragüense desataba una cacería de brujas contra pobladores que abiertamente se han declarado opositores al Frente Sandinista, con el fin de dar con los culpables de una masacre registrada el 19 de julio. Ese día, aniversario de la Revolución Popular Sandinista, dos caravanas de simpatizantes del FSLN fueron acribilladas, causando la muerte a cinco personas e hiriendo a otras 19. Familiares de los detenidos aseguran que están desaparecidos desde que fueron capturados, mientras organismos de derechos humanos acusan al Gobierno de fomentar la represión e impunidad en el país.

 

Este miércoles se informó de nuevas capturas en poblaciones consideradas opositoras. Los detenidos son llevados hasta las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional (DAJ), en Managua, conocidas como El Chipote y tristemente célebres por ser el lugar donde se han ejecutado varias violaciones de los derechos humanos desde que Ortega regresó al poder, en 2007, tal y como ha detallado en varios informes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

 

En las afueras de esas celdas lloraban amargamente los familiares del agricultor Zacarías Cano Angulo, originario de la comunidad de San Ramón, en la provincia de Matagalpa, a 190 kilómetros de Managua. Según relataron sus familiares a la prensa local, Cano Angulo fue detenido por militares a las siete de la mañana del sábado, golpeado, encapuchado y arrastrado contra su voluntad. Aura Reynosa García, esposa del campesino, aseguró que pidió a los militares una orden de captura, pero como única respuesta recibió un “nos mandó la Policía”.

 

La jefa de la Policía nicaragüense y leal funcionaria de Ortega, la primera comisionada Aminta Granera, ya dijo públicamente que no va a escatimar “tiempo, ni esfuerzo, ni sudor, ni sangre” para esclarecer los acontecimientos del 19 de julio. Los organismos de derechos humanos aseguran que Granera está cumpliendo al pie de la letra su promesa, a costa de violaciones de los derechos de los detenidos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó que han sido detenidas 19 personas, pero que cinco de ellas están “desaparecidas”, como el campesino Cano Angulo, y ni la Policía ni el Ejército informan sobre su paradero.

 

“A los campesinos los acusan 48 horas después del término constitucional. Lo hicieron basados en el abuso, independiente de la gravedad del caso. Nunca les permitieron asistencia legal ni información a la familia”, aseguró Gonzalo Carrión, abogado del CENIDH, en relación a tres acusados de participar en la masacre, como “conspiradores”, cuyo objetivo era tirar piedras a las caravanas de sandinistas “para distraerlos”. Se trata de tres campesinos que se han declarado abiertamente sandinistas. A los otros detenidos en la DAJ, según Carrión, están aislados y no se les permiten visitas.

 

Las redadas en el norte del país han tenido errores. Maritza Ruiz Espino, maestra de profesión y habitante de Ciudad Darío, también en la provincia de Matagalpa, contó a las organizaciones de derechos humanos que su casa fue allanada a las tres de la madrugada por hombres que calzaban botas de estilo militar e iban armados. La mujer no pudo asegurar si eran militares o policías. Entraron a su casa con violencia, la interrogaron por la ubicación de Wilfredo Balmaceda, exconcejal del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y al darse cuenta que se habían equivocado de casa las dejaron con un “discúlpenos”. La casa de Balmaceda está al lado de la de la maestra Ruiz. Hacia ella se dirigieron los armados.

 

Los organismos de derechos humanos denuncian que hombres encapuchados señalan las casas donde supuestamente viven opositores, que luego son allanadas por los oficiales. “Lo que estamos viendo es una persecución, allanamientos ilegales a diferentes ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con este proceso”, dijo Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). El norte de Nicaragua siempre ha sido un bastión opositor al sandinismo, escenario de los momentos más sangrientos de la guerra civil de los ochenta, entre la llamada Contra, guerrilla que pretendía botar por las armas al primer gobierno sandinista, y el Ejército. Germán Zeledón, que combatió en aquella guerra bajo el seudónimo de Chaparro, dijo que los excontras están vigilados por el Ejército y que temen por sus vidas.

 

La iglesia católica de Nicaragua ha expresado inquietud por el actuar de las autoridades. Los obispos de la Conferencia Episcopal se reunieron este miércoles en Juigalpa, ciudad del centro del país, para analizar la tensión que vive esta nación centroamericana y preparaban un comunicado oficial al respecto. Una fuente de la Conferencia dijo por teléfono que los obispos exigirán a la Policía mayor respeto de los derechos humanos y que sus averiguaciones sobre lo ocurrido el 19 de julio sean apegadas a las leyes del país. Según la fuente, los miembros de la CEN han conocido la tensión y temor que se vive en las comunidades del norte de Nicaragua, por lo que pedirán a las autoridades que eviten “la creación de un ambiente de terror que desencadene en más violencia”.

 

El martes, mientras los familiares de los detenidos lloraban amargamente en las afueras de las celdas de la DAJ, en Managua, y los organismos de derechos humanos visitaban las redacciones de la prensa independiente de Nicaragua para denunciar las arbitrariedades de las autoridades, el presidente Ortega saludaba alegremente a Ban Ki-moon. Le hablaba de los logros de su gobierno en el desarrollo de energía eólica y posaba para las cámaras de la prensa nacional y extranjera acreditada en Managua. Justo a la hora en que ambos políticos se daban la mano, Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, presentaba en un hotel de la capital un informe demoledor en el que se acusa a Ortega de institucionalizar la impunidad en Nicaragua.

 

El estudio asegura que la Policía, la Fiscalía y el sistema de justicia responden a los intereses y órdenes del Comandante Ortega, como es llamado el presidente en Nicaragua. Para Núñez, la vista del Secretario General de la ONU no era más que una “cortina de humo” para desviar la atención de lo que sucede en este pequeño país centroamericano. “No sabemos qué anda haciendo exactamente (Ban Ki-moon), pero sí estoy segura que el gobierno lo va a utilizar como cortina de humo, como que Daniel Ortega es la estrella mundial al cual recurren los personajes mundiales”, dijo la defensora de los derechos humanos.

 

Fuente: EL PAIS.