La Asamblea Ciudadana reclama audiencia pública por exploración no convencional

Tras confirmarse oficialmente que en Santa Cruz empezó la exploración no convencional de petróleo, en noviembre de 2011, y en un proceso con un plazo no menor de dos años podría arrojar resultados que confirmen la posibilidad de explotación y la potencialidad de recursos, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos reiteró su preocupación, al tiempo que adelantó que estudia impulsar una acción de amparo para que de acuerdo a la Ley Provincial de Impacto Ambiental, la posibilidad de esta explotación se someta a audiencia pública.

El referente Eduardo D’Elía dijo a TiempoSur que al confirmarse la información que la entidad venía requiriendo en forma pública y por gestiones con autoridades y diputados provinciales, “vemos con preocupación porque no se conoció ningún estudio de impacto ambiental, ni siquiera un llamado a audiencia pública como prevé la ley provincial, y se hizo en otras provincias, lo que va a significar la presentación de una acción de amparo para que se cumpla con el procedimiento legal”.
“Queremos que se convoque a audiencia pública de la cual lógicamente queremos participar, para que se conozca la posición y advertencia por el uso de tecnología que está prohibida en cuatro países, y consideramos altamente perjudicial para nuestro territorio”, relató el dirigente.
D’Elía se refirió así a la confirmación por parte del presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan Ferreiro, sobre el inicio de esta exploración no convencional de petróleo en tres pozos en nuestra provincia, en Estancia Cholila, Los Perales y Lomas del Cuy, y algún incipiente acercamiento a la cuenca austral, donde la factibilidad de esta producción de gas y petróleo no convencional está en período de exploración.
El funcionario explicó que el objetivo, en el mediano plazo es poder reemplazar la caída de la producción convencional y buscar la autosustentabilidad, para no tener que importar gas y petróleo.

Cuestionamientos.
D’Elía respondió además a las observaciones que hizo el funcionario, sobre los cuestionamientos ambientales, considerando que se toma el ejemplo de otros países donde no se usa esta tecnología porque escasea el agua, caso Europa y puntualmente Francia, que aclaró el ambientalista, está totalmente fuera de una crisis hídrica.
También dio como referencia el caso del Estado de Québec en Canadá, “uno de los territorios con mayor cantidad de superficie lacustre y de ríos, y sin embargo tiene prohibido el fracking, porque no tiene ninguna relación con la falta o no de agua, sino con los impactos que ocasiona al comunicar estas formaciones de gas y petróleo, con formaciones de agua, impactarla con una gran cantidad de productos químicos que utilizan, además del peligro de sismos y terremotos”.

Anticipo.
D’Elía admitió que si bien el proceso en marcha está en etapa exploratoria, advirtió que no la habría si no está la decisión de comenzar con el fracking en Santa Cruz, y es intención de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, “detenerlo antes de que comience”.
“No creo que una compañía petrolera esté realizando exploración en una formación a la que no va a explotar, por eso queremos una audiencia pública y que esto tenga una licencia social para que se lleve adelante dentro de nuestro territorio”, añadió el ambientalista, que viene alertando de esta situación desde su participación en diciembre último en Buenos Aires, de un Foro Sudamericano de alerta por el fracking.
Hasta ahora dijo que, “el único conocimiento que teníamos a través de FOMICRUZ, era la intención de explotar el yacimiento de Glencross, donde circulan los ríos Penitente y Rubens, los principales afluentes del río Gallegos, del que nos abastecemos”.
En tanto, Ferreiro remarcó que “cualquier emprendimiento en pozos convencionales o no convencionales, antes de realizar cualquier movimiento, requiere un estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente como autoridad de aplicación, la Asamblea Ambiental reclama que esos estudios se hagan públicos y pongan a consideración de una audiencia pública, en el marco de la Ley de Impacto Ambiental.