La secretaría de Estado precisó que el objetivo del Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre Chile y Perú "es facilitar la rehabilitación y readaptación social  de las personas condenadas, permitiéndoles que cumplan sus penas en su país de origen".


Además de esta connotación humanitaria "este acuerdo refuerza la cooperación internacional en materia de derecho penal entre Chile y Perú", recalcó el comunicado de la Cancillería. "Tenemos relaciones con Perú en distintos ámbitos, pero quizá el ámbito más importante de todos tiene que ver con las personas", destacó el canciller Moreno.

 

Subrayó que "tenemos una amplia comunidad peruana que vive en Chile, también tenemos chilenos que viven allá y aquí hay toda una agenda social para poder apoyar a esas personas. Parte de ellos y quienes tienen más la dificultad, son aquellos que están en la cárcel, en particular muchas mujeres, a las que les estamos dando una nueva posibilidad, realizar su condena más cerca de su familia y tener una mejor posibilidad de rehabilitación", añadió Moreno.

 

El jefe de la diplomacia chilena indicó que "ésta es una muestra más de lo que podemos hacer en común, que va en beneficio de todos y que es al final a lo que deberían aspirar ambos Gobiernos".

 

Según la Cancillería, dicho tratado fue suscrito en la visita oficial del presidente chileno, Sebastián Piñera, a Perú en noviembre de 2010 y después aprobado por los Congresos de ambos países. Pero explicó que el acuerdo entrará en vigor una vez hecho el trámite de incorporación al orden jurídico nacional.

 

En tanto, el embajador Pareja coincidió con la visión de Moreno, al afirmar que para su país "es también un elemento muy importante la firma de este tratado, puesto que está comprendido dentro de la cooperación bilateral, que es muy dinámica entre Perú y Chile". El diplomático subrayó que esta medida permitirá "que varias decenas de peruanos puedan ser repatriados y poder hacer el cumplimiento de su condena en el Perú", subrayó.

 

A su turno el ministro de Justicia chileno, Teodoro Ribera, que también participó en la ceremonia, explicó que el beneficio de este acuerdo "permite la reinserción social. Lo que hay que entender es que las personas condenadas estarán privadas de libertad, pero no están privadas de su dignidad", apostilló.

 

Entre las condiciones que se deben cumplir para el traslado se considera que la persona no haya sido condenada a la pena de muerte, que la sentencia sea definitiva y que el delito por el que se haya impuesto la pena constituya también un delito en el Estado receptor, además de la existencia del consentimiento del condenado.

 

Junto a este tratado con Perú, Chile ha suscrito otros similares con Argentina, Bolivia y Brasil. Con otros países el traslado de personas condenadas se efectúa en el marco de la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero y del Convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas.