En la jornada de ayer, minutos después de las 13:30 en las instalaciones del Gimnasio de la Escuela de Policía, se llevó adelante el acto por la firma de convenio por el traspaso del Instituto de Rehabilitación Policial del Menor, el cual era dependiente del Ministerio de Gobierno a través de la jefatura de Policía, a la órbita de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Esta rúbrica respondió a la necesidad de ajustar el actual sistema penal juvenil santacruceño, a las legislaciones nacionales, es decir, responder la Ley Nº 26.061 de y la Ley Provincial Nº 3.062 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, además de adecuarse a los estandartes internacionales, todas las legislaciones que procuran impulsar procesos de transformación necesarios para lograr una mayor adecuación del actual sistema penal juvenil.
La firma del convenio de traspaso y el de cooperación fueron labrados por el gobernador Daniel Peralta, en representación del Tribunal Superior de Justicia, la vocal Alicia Mercau; la ministra de Gobierno, Paola Knoop; y de Desarrollo Social, Elsa Capuchinelli, para comenzar a trabajar en la adecuación de la provincia frente a las convenciones nacionales y la nueva concepción del menor como sujeto de derecho, es decir, a través de la Legislación nacional 26.061 la Argentina se planteó seguir una política que respete los derechos de los menores infractores de la ley penal con el objetivo de reformular y garantizar la promoción de derechos que deriven a la inserción social, entendiendo que la privación de la libertad es la última instancia.
Cabe mencionar que desde que se ideó concretar el traspaso del Instituto a Desarrollo Social se pusieron en marcha relevamientos para analizar estadísticas e informes de la Policía con el objeto de rediseñar acciones que velen por los niños, niñas y adolescentes. Es por esto, que en la ceremonia se dejó en claro que el traspaso conlleva una reformulación del actual Instituto de Rehabilitación Policial del Menor por lo cual de ahora en más se llamará Centro Juvenil Socioeducativo.      

Alcances
A partir de este traspaso, la Justicia trabajará coordinadamente con el Ministerio para implementar adecuadamente las medidas y así estén garantizados los derechos de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, para gestar una plena inserción social.
Al respecto, la titular del Ministerio de Desarrollo Social puntualizó que la realidad nacional y provincial impuso la adecuación del sistema penal, las que deben ser acompañadas por políticas públicas: “Esta reformulación que se desprende de la necesidad de seguir hablando de ley de Patronato, situación irregular, objeto titular o a proteger, significa saber que siempre fueron objeto de derechos, y que para esto se necesita un régimen que para nosotros debe ser socioeducativo”, puntualizó. Asimismo, agregó que los protocolos firmados deben ser trabajados haciendo alusión a que los funcionarios que los gestaron no sean los que lo restrinjan: “Espero que desde el Poder Ejecito y el Poder Judicial podamos hacer realidad esto porque los chicos y adolescentes son sujetos de derecho y los adultos somos sujetos de responsabilidades”.
Posteriormente, la ministra de Gobierno Paola Knoop, remarcó que este traspaso es el resultado de una labor en conjunto, por lo que en los próximos seis meses los responsables de cuidar a los chicos hasta este momento seguirán trabajando con ellos para hacer más llevadero el traspaso.
Finalmente, el primer mandatario provincial expuso que respondiendo al mandamiento de las leyes, el manejo del Instituto en la órbita de Desarrollo Social era una labor que se debía hacer “a un Estado que debe ser contenedor y observador de la realidad que estamos viviendo”, sostuvo. Sobre esto  estimó que todos en algún punto están preocupados por la niñez y adolescencia, pero más por estos últimos, ya que están rodeados por las drogas. Por este motivo, el Centro Juvenil viene a saldar una deuda de hace tiempo.