En una situación que se reitera, y alertada por los vecinos, la Policía intentó ayer sin éxito, persuadir a los integrantes de dos familias, entre quienes se contaban al menos diez menores, de abandonar dos unidades de la planta baja de los 400 Departamentos siniestrados hace más de dos años.
Según pudo conocer TiempoSur, durante la madrugada, dos matrimonios sanjuaninos, con sus hijos menores, (desde un año y medio y hasta un joven de 19 años de edad) ingresaron a los departamentos poniendo en peligro su integridad, dada la falta de servicios y riesgo de derrumbe que presentarían las deterioradas estructuras.
Allí permanecían, hasta la tarde, luego de que la Policía sólo pudiera solicitar documentación a los mayores, para instruir una causa judicial que daría intervención a las autoridades responsables de buscar una solución.
Los ocupantes mayores, quienes tenían estacionado afuera del complejo habitacional un automóvil de marca y buen estado general, explicaron su accionar ante la imposibilidad de seguir afrontando el pago de alquileres en viviendas de nuestra ciudad, donde residirían hace al menos cinco años.
Mientras tomaba nota de la documentación la Policía intentaba, además, dar intervención a autoridades municipales o provinciales, atendiendo a la existencia en el caso de minoridad en riesgo, aunque sin respuesta a la incesante gestión, sólo pudo elaborar un detallado informe para acompañar la actuación que terminaría en manos de la Justicia de Instrucción.
Además de lo preocupante de este caso de ocupación ilegal, involucrando a menores, lo cierto es que el sector se ha transformado en un peligroso foco de inseguridad para los vecinos, desde que en enero de 2010 un incendio asoló a casi una veintena de las unidades, dejando a las familias a merced de la asistencia del Estado, que las ubicó en hogares subsidiados.
En esta situación se encuentran desde entonces, sin que el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) avance en la reconstrucción prometida a las familias.
Mientras tanto, un nuevo incendio en el monoblock 25, por la presencia de personas ajenas a la vivienda y un nuevo caso de usurpación, reflotan las demandas de seguridad, y de inicio de las postergadas obras de reconstrucción.
También, la necesidad de urgente intervención de las áreas sociales, en atención a las preocupantes condiciones en que dos familias están habitando esas unidades, poniendo en serio riesgo a menores.