Política

"Un accidente en un lugar de trabajo no motiva el cierre de una institución"

Desde Jubilados Unidos en Acción rechazaron la determinación de cerrar al público la Caja de Previsión Social por la presunta agresión a un trabajador, hecho que desmienten. Además se aclaró que la confirmación de la Sentencia de Primera instancia del Juez Andrade en la que se declara como fecha cierta de pago entre el 1 y 7 de cada mes alcanza -por el momento- solo a los amparistas.

  • 18/10/2017 • 12:47
(Foto archivo)
(Foto archivo)

Ana Villarroel, de Jubilados Unidos en Acción, señaló que en día de ayer estuvo afuera de la Caja de Previsión Social y dijo que desconocía que haya habido un forcejeo en la entidad, lo que motivó a que hoy cierre sus puertas. "Hubo pegatina y presencia en el lugar. Lo que ocurre lo es que no atienden a nadie. Siempre que vamos bloquean las puertas", se quejó en una entrevista que brindó en Tiempo FM. En este marco dijo que ayer la abogada de la Caja llamó a la policía para poder salir del edificio pese a que las puertas del ente estaban liberadas,  según relató Villarroel. Es así, que hasta las 14:00 duró su reclamo por una mejora en la atención a los jubilados como también la normalización de los pagos.  Previo a esto -dijo- "llegó la patota del Ministerio de Desarrollo Social a buscar a la presidente de la CPS y a la abogada, quienes salieron sin ningún tipo de dificultad". Añadió que cuando se marcharon continuaba apostado allí el personal de seguridad, por lo cual si a alguien agredieron después de ese momento lo desconoce. Con un alto grado de duda frente a esta posible agresión añadió que de todos modos no es motivo para cortar la atención.

Sumado a esto recordó que hasta el momento hay cerca de 3 mil jubilados que aún no han cobrado su jubilación y no saben cuándo se la van a pagar.

 

La sentencia

La Cámara de Apelaciones con la confirmación de la Sentencia de Primera instancia del Juez Andrade se declara como fecha cierta de pago entre el 1 y 7 de cada mes. Asimismo, se rechaza el Recurso de Apelación interpuesto por el Estado de la provincia y confirma la sentencia recurrida, además las costas procesales las debe pagar el Estado. Se explicó que al ser una sentencia de un recurso de amparo hay que cumplirla pese a que este apelada. Si bien hasta el momento solo regirá para los amparistas, desde Jubilados Unidos estiman que el estado provincial deberá velar por todos los jubilados.

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