El Municipio estaría otorgando libretas sanitarias para la prostitución

Cuando en épocas de pleno auge de Las Casitas, la Municipalidad blanqueaba que se prostituyera a mujeres migrantes, o cuando esta actividad pasó de los burdeles a otros llamados con eufemismo: whiskerías y cabarets clase “C”, esa reglamentación siempre fue ilegal, y lo sigue siendo. Antes, después y ahora si se confirma, la administración municipal viola leyes nacionales y tratados internacionales.

Hasta hace no mucho y violando la ley, el Municipio entregaba con la Ordenanza 6960, libretas sanitarias para las mal llamadas “alternadoras”, que en realidad eran -y se probó en varias causas- víctimas de explotación sexual. La diferencia entre sus libretas y la de una moza en una pizzería, era que la tramitación incluía un exudado vaginal y exámenes de sangre, con los que el Estado le garantizaba al cliente una chica sana, aunque el cliente tuviera HIV, gonorrea, sífilis o clamidia.

Para el año 2012, el número de libretas otorgadas por los municipios santacruceños, post-examen de flujo vaginal, ascendían a mil. Para entonces la provincia ya había adherido a la ley sancionada para erradicar la explotación sexual y llegaba una modificación clave: el consentimiento de una víctima no podía ser más usado a favor del proxeneta.

Sin embargo, durante todos estos años los rescates de víctimas de la explotación sexual siguieron ocupando las tapas de los diarios, y aun cuando jueces federales y provinciales dirimen si acaso el fruto de esos operativos es trata o si esas mujeres estaban allí “porque querían”, los municipios coinciden siempre en hacer silencio cuando en sus jurisdicciones hay prostitución.

Actitudes sospechosas- La semana pasada, durante la jornada sobre trata de personas organizada por la Subsecretaría de Gobierno e Interior, distintas voces pusieron en evidencia la maniobra que estaría llevando a cabo el municipio de Río Gallegos, en donde se continuaría con el expendio de libretas sanitarias para las mujeres prostituidas en los “bares” “night clubs” “whiskerías”.

En las jornadas, hubo quienes se preguntaron cómo puede ser que no resulte llamativo para las autoridades, el hecho de que en locales de reducida superficie comercial hubiera más de ocho mozas, por ejemplo.

Y entonces habló Norma Cabas, la ex directora general de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de la Mujer durante el Gobierno de Daniel Peralta. Invitada al panel de debate, contó que fue testigo de cómo en la fila para gestionar la libreta de comercio, se encontró con varias mujeres que eran explotadas sexualmente en épocas en las que ella estaba en la Subsecretaría.

Claro que el Municipio no entrega libretas para “alternadoras” sino que, aparentemente lo haría bajo otra modalidad: manipulación de alimentos. De hecho, cuando tocó el turno de la actual subsecretaria de las Mujeres, Lorena Beltrán, contó que hubo conversaciones informales con la administración de Roberto Giubetich para que hubiera una explicación. La funcionaria mencionó que se trata de la misma categoría que le darían a un grupo de mamás que van a vender empanadas caseras para pagar el viaje del club de los hijos.

Justo por esos días también se había reunido la Conmujer, un órgano meramente consultivo que hasta la fecha no se pronunció sobre esta problemática, en uno de los lugares reconocidos como de destino y pase de víctimas captadas.

De hecho, actualmente la Justicia Federal investiga a un funcionario municipal, inspector, que se ocupaba de dar aviso a los bares en donde iba a haber controles de Comercio. Fue en uno de esos bares en donde se detectó la presencia de mujeres en situación de prostitución y a través de escuchas telefónicas se determinó que en funcionario además, se ocupaba de captar mujeres provenientes del norte del país.

No hay libre elección- Hoy el Municipio no tiene un área de la Mujer, es uno de los pocos en Santa Cruz que no la creó, aun cuando las políticas públicas por los derechos de las mujeres son parte de una agenda trasversal de la actualidad. Sin ese espacio, se desconoce qué opina realmente la comuna respecto de estos temas. Si se comprueba que la administración municipal continúa con el expendio de libretas sanitarias para mujeres en situación de prostitución, podría inferirse que las autoridades consideran esto un trabajo. De ser así, el debate también es válido.

En efecto, este diario habló con chicas trans que ejercen la prostitución con autodeterminación y sin intermediarios. En una sociedad que todavía no las termina de incluir, para muchas, alquilar el cuerpo por $1000 la hora, es una forma de subsistir. Lo hacen conociendo gente en lugares que pueden ser o no fijos y los acuerdos se sellan afuera.

Por el contrario, el regenteo no permite a las mujeres trabajar por su cuenta. No hay libre elección. Son mujeres encadenadas porque les retienen el documento, el dinero y las llenan de deudas o las hacen dependientes a las drogas o lo que es peor, les hacen creer que aquello es lo único para lo que sirven. En Chaco, el primer juicio por trata con fines de explotación sexual fue por el caso de una piba de 21 años, a la que trajeron a Río Gallegos con promesas laborales que no eran justamente prostituirla en “El Deseo”.

Pedido de informes- Según le dijo Cabas a TiempoSur, no puede decirse hoy que la ley de trata se cumple, o que se erradicaron los cabarets en Santa Cruz. La actual integrante del Tribunal de Disciplina, se reunirá hoy con el concejal Martín Medvedovski (FPV/PJ), que estaría preparando un pedido de informes para el Ejecutivo.

Uno de los supuestos para que las redes funcionen es la complicidad de los municipios. En la actualidad un caso dejó al desnudo la gravedad de otorgar libretas sanitarias y sentó un precedente inédito: la reparación económica a una víctima. Es el caso de Alika Kinan, que la semana pasada estuvo en Río Gallegos. La sobreviviente fue explotada en el bar Sheik, habilitado por la Municipalidad de Tierra del Fuego, que además le había dado su libreta para “trabajar”. Cuando fue rescatada, Alika querelló al Estado por no haberla protegido y pidió una reparación económica por haberla esclavizado en el sistema legalizado por el Municipio.

También en la vecina Chubut, el ex secretario de Seguridad de Comodoro Rivadavia, Antonio Zúñiga, fue detenido el año pasado, acusado de proveer libretas sanitarias a mujeres destinadas al circuito petrolero. La ley es clara, favorecer la prostitución es un delito.