Insisten con el daño ambiental aunque se van quedando sin argumentos legales

A principios de semana informábamos que la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº12 de Capital Federal, falló a favor del Gobierno nacional respecto de una medida cautelar de la Fundación Banco de Bosques. La misma iba contra el Estado nacional y provincial porque consideraban que se habían omitido los estudios de impacto ambiental.

La noticia judicial llegó una semana después que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recorriera los obradores y el sitio donde se prevé emplazar las represas. De esta forma –como también dijéramos- ya no quedarían más obstáculos legales para la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

Críticas- Pero las ONGs Ambientalistas insistieron con las críticas a las obras, más allá que la jueza Marra Giménez había considerado –en su fallo- fundamental la realización de la Audiencia Pública que se hizo en el Congreso de la Nación donde todos los sectores interesados pudieron expresar sus posiciones.

Sin embargo, Andrés Nápoli, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo: “El viejo estudio de impacto ambiental lo había hecho una consultora, a instancias de la provincia de Santa Cruz, pero éste luego se revisó y puso en cuestión”. Y añadió: “Luego, el Ministerio de Energía de la Nación puso en manos de Emprendimientos Energéticos Binacionales SE (EBISA) la realización de otra evaluación ambiental”.

“Lo grave es que EBISA está presidida por el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, un funcionario que atiende de los dos lados del mostrador ya que por un lado es subsecretario de Energía Hidroeléctrica, por otro es Presidente de la empresa que hace el estudio ambiental (EBISA). Y lo que es aún más ridículo es que antes de ser funcionario, era el principal promotor de las represas Kirchner y Cepernic”, denunció Nápoli.

En tanto, Sofía Nemenman, de Río Santa Cruz Sin Represas, dijo: “Son proyectos que generarían un embalse de aproximadamente 43 mil hectáreas de estepa bajo agua en un territorio considerado patrimonio arqueológico y paleontológico”.

Por otra parte, desde las organizaciones de defensa del medioambiente alertan del impacto que puedan provocar las represas sobre el glaciar Perito Moreno, un área protegida que, desde 1981, es considerada como Patrimonio de la Humanidad. “Puede afectar fuertemente el turismo, una industria que es clave para la comunidad”. Sin embargo, Nemenman advierte de un riesgo todavía mayor: “Es un área con fauna única, donde hay especies en peligro de extinción, como es el caso del Macá Tobiano”. (Fuente: TiempoSur, Canal Abierto).