Informe revela que hubo una denuncia por maltratos y torturas en la U15

Los datos surgen del último estudio que el organismo dio a conocer luego de que el titular del área, Francisco Mugnolo, se presentó el en el Senado, donde consideró que "es gravísima" la situación de los penales federales y advirtió que el Estado tendrá que "afrontar en poco tiempo un serio problema".

El penal donde se registraron mayor cantidad de casos es el Complejo Federal Penitenciario I (Ezeiza), con 92 hechos; seguido de la cárcel de Marcos Paz, alrededor de 40; la Unidad 4 de Santa Rosa, La Pampa, 35; el complejo de mujeres de Ezeiza, 32; la cárcel de Villa Devoto, con 28 y el anexo del Complejo Federal de Jóvenes Adultos de Ezeiza, con 19. En el caso de la Unidad Federal N°15 de Río Gallegos se informó que hay una denuncia por maltratos y torturas.

"Las cosas que pasan en la cárcel son tremendas, cuesta pensar que no podemos resolver esta cuestión. En las cárceles se tortura y no es cierto que en la Argentina no se tortura", aseguró el funcionario, quien opinó que "hay todo un movimiento que pretende replantear la gestión de la cárcel y eso se debe coordinar con una acción legislativa".

El informe indicó que "la cantidad de casos de agresiones físicas registrados por la PPN no pretende representar el volumen de la violencia penitenciaria habida cuenta de la llamada 'cifra negra'", pero los episodios documentados deben ser entendidos como un "piso mínimo" para comprender la sistematicidad y estructura de estas prácticas institucionales.

"Inflación penitenciaria"

Al hablar en el Senado, Mugnolo sostuvo que se han registrado "nueve muertes por ahorcamiento" en prisiones federales en los últimos meses y precisó que hubo casos de reclusas que han fallecido así, una práctica que hasta ahora -aclaró- no se detectaba en la población carcelaria femenina.

Otros datos del informe ratifican una tendencia que se mantiene en los últimos meses y es el crecimiento de la población penitenciaria a niveles históricos: en el segundo trimestre del año el número de detenidos alcanzaba a 11.531 internos, mientras que en 2014, por ejemplo, era de 9800.

El informe atribuyó la denominada "inflación penitenciaria" al uso sistemático de la prisión preventiva, la baja utilización de las medidas alternativas a la cárcel, la reducida aplicación de libertades anticipadas y la presión de la opinión pública en los actuales debates acerca del binomio seguridad-inseguridad, entre otros indicadores.

Para la PPN, las proyecciones futuras de este fenómeno "resultan poco auspiciosas" teniendo en cuenta la sanción de la norma que modificó la ley de Ejecución Penal, que impide acceder a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida a los condenados por homicidios y robos agravados, secuestro seguido se muerte, delitos sexuales, tortura seguida de muerte y trata de personas, entre otros delitos.

El informe también recogió datos que se mantuvieron iguales en los últimos años: el 60% de los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal se encuentra cumpliendo prisión preventiva y sólo el resto tiene condena firme, lo que significa que sólo 4 de cada 10 presos tiene una sentencia confirmada.

La Procuración Penitenciaria también alerto sobre el "uso exacerbado" de la prisión preventiva y la privación de la libertad de las mujeres embarazadas o con hijos en condiciones de acceder, decisión judicial mediante, a una prisión domiciliaria.

En el segundo trimestre de este año, había 830 mujeres detenidas en total, de las cuales 34 se encontraban alojadas con sus hijos y 13 embarazadas, aunque el número bajó si se lo compara, por ejemplo, con 2012, cuando había 75 reclusas en alguna de las dos situaciones.