“En Argentina se aplica condena de hasta perpetua a jóvenes de 17 años”

Claudia Cesaroni integra el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, que se ocupa de la política criminal basada en la inclusión ciudadana. En enero de este año, cuando el Gobierno nacional dio las primeras señales de ir por la baja de edad de imputabilidad, fundó la red Red “Argentina No Baja”, junto con otras organizaciones sociales, políticas, gremiales y de DDHH.

Cuando el macrismo inició su embestida porque la edad de punibilidad fuese a los 14 años, el disparador fue el caso de Brian Aguinaco. El chico tenía 14 años y fue baleado por dos motochorros. Por el crimen, acusaron a otro adolescente, de 15, y tras un intenso debate mediático sobre la juventud en conflicto con la ley penal, se supo que el chico no había tenido nada que ver.

“Ese caso que era falaz, fue usado para lanzar este planteo de la necesidad de bajar la edad” aseguró Cesaroni en diálogo con Tiempo FM, asegurando que desde entonces “estamos planteando todos nuestros argumentos” en contra del proyecto.

Luego del caso de Brian, otra muerte sirvió como disparador: Paulo Agustín de 3 años, fue asesinado mientras iba de la mano con su papá, escapando de un robo en Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora.

Para Cesaroni, la construcción política del caso tampoco sirve como argumento para bajar la edad porque “el autor del crimen, si se comprueba, tiene 16 años y por lo tanto, es perfectamente punible y si fue, va a ser condenado”.

En este punto, la especialista aclaró que lo que no suele formar parte del debate mediático es que nuestro país impone penas de las más altas contra adolescentes en toda América latina. “En Argentina se aplica condena de hasta perpetua a jóvenes de 17 años con delitos graves. No hay ningún otro país en Latinoamérica que tenga esas condenas” advirtió.

Actualmente, si un menor de 16 años comete un delito, se debe esperar a que cumpla la mayoría de edad para ser juzgado y en todo caso condenado. Según el Régimen Penal de Minoridad promulgado durante la dictadura militar, también se estableció que si el menor es pobre o tiene problemas de conducta, el juez puede decidir internarlo en un instituto penal el tiempo indispensable que crea necesario.

Según datos de UNICEF, hasta 2015 había 871 menores privados de su libertad en centros cerrados, alcaidías y comisarías, el 22,3% del total de adolescentes en conflicto con la ley. El resto se encuentran, sobre todo, bajo programas de supervisión estatal donde los jóvenes cumplen las medidas judiciales en su entorno familiar y comunitario.

En el caso de Santa Cruz sólo existe uno en toda la provincia. El Centro Socioeducativo Juvenil está en Río Gallegos y el Gobierno tomó la determinación de convertir el lugar en una dependencia más para la División Penitenciaria.

Así, los chicos que estén o vayan a llegar, pasarán a la modalidad de hogar que, aunque con algunas características diferentes, no distará mucho de los hogares sustitutos que están bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo.

A nivel país, un joven que es condenado a los 18 años ya está en una cárcel común. Según contó Cesaroni, “en la Procuración Penitenciaria investigamos que el 75% de los presos había estado en institutos del menor, eso significa que la reinserción no se cumple en el encierro, entonces ¿cómo vas a querer mandar pibes cada vez más chicos?”.

La red No a la Baja tiene alternativas y una de ellas es orientar el foco de la discusión hacia las redes de contención del Estado, que deberían garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Nosotros no decimos que no hay nada que hacer que un adolescente roba, lastima o mata en los poquísimos casos en los que eso sucede. Decimos que eso se debe hacer desde las áreas de protección de derecho del Estado. Tratar de que el chico salga del espacio de transgresión al que seguramente no ingresó por propia voluntad, no es que le gusta más robar que ir al potrero, sino que hay una enorme cantidad de chicos de esas edades que no accede a ningún derecho” sostuvo Cesaroni.

De allí, surge la necesidad de un debate profundo respecto de si acaso el Estado cumple con las leyes y tratados internacionales para la restitución de los derechos de los menores. “Ahí debe estar el Estado no penal” pidió.

La posibilidad de expresar ideas distintas a la del sentido común mayoritario no es tarea sencilla, sobre todo frente a una fuerte avanzada del discurso conservador que tiene a partidos en apariencia, no oficialistas, como aliados.

“El masismo está con toda su decisión por la baja de edad. Massa ha construido parte de su poder político planteando políticas de mano dura. Miente, dice que los adolescentes de 16 no reciben castigo y él motorizó en Tigre, el caso de Santiago Urbani, le dieron 17 años de condena al autor”. El acusado era un menor de 16 al momento de los hechos, y esperó su condena en el Penal Juvenil.

Al momento de la entrevista con TiempoSur, aún no había estallado la polémica que generó el informe de Jorge Lanata, que expuso a un menor de 11 años, “El Polaquito” brindando un relato ficcionado como ladrón y asesino.

En este caso, si bien hubo un contundente repudio al informe que se cree que estuvo al servicio del proyecto del oficialismo, fue el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien en forma previa a la emisión del programa, anunció que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores, hasta los 14 años, estará en el Congreso de la Nación “antes de fin de año”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, había dicho anteriormente que el proyecto sería enviado al parlamento en 2018, sin embargo, se cree que en el universo de votantes de Cambiemos, hay aceptación a someter a la ley penal, a chicos y chicas de 14 años.