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“No necesariamente todo lo que se diga en la audiencia puede detener el proceso”

Así se refirió Mariano Bertinat, secretario de Ambiente de la Provincia, sobre la audiencia pública donde se presentará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. La audiencia está prevista para este jueves a las 08:00 en el Congreso de la Nación.

  • 18/07/2017 • 09:41
Secretario de Ambiente, Mariano Bertinat (foto archivo).
Secretario de Ambiente, Mariano Bertinat (foto archivo).

La audiencia pública para presentar el Estudio de Impacto Ambiental por la construcción y funcionamiento de las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, sobre el río Santa Cruz, se realizará este jueves en el Congreso de la Nación, será desde las 08:00 en el Salón Azul. Allí, los Ministerios de Ambiente y de Energía expondrán las conclusiones de los informes oficialmente aprobados sobre el impacto que tendrán las represas desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico.

Tal como recordó Bertinat, “el primer Estudio de Impacto Ambiental se realizó en la provincia. En diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia realizó un fallo en el cual decía que el Gobierno nacional -además del provincial- debía realizar una audiencia pública en el Congreso, por una Ley Nacional de Obras Hidráulicas (23.879) que data de 1990. Esta audiencia es el resultado de ese fallo". Remarcando que “hace falta que se haga para levantar esa medida cautelar emitida por la Corte Suprema”.

En esta audiencia pública, el Estado nacional –que es quien hizo el estudio de impacto ambiental mediante la empresa EBISA- “va a hacer la explicación en profundidad de las modificaciones que ha sufrido la obra y cómo las nuevas condiciones de operación afectan al medio ambiente de forma positiva y negativa”, determinó el Secretario.

En esta audiencia podrán participar representantes de organizaciones no gubernamentales sobre cuestiones ambientales, profesionales, académicos y personas físicas o jurídicas que tengan derecho subjetivo o interés legítimo en la cuestión, quienes tendrán plazo de inscripción en el Registro de Participantes hasta el martes próximo a las 08:00, mediante un formulario publicado en las web de las dos cámaras del Congreso.

En tanto, indicó que las audiencias –independientemente sobre qué hagan referencia- “no son vinculantes”, es decir, “no necesariamente lo que se diga allí será motivo para detener el proceso de impacto ambiental, pero sí lo puede enriquecer; si hay observaciones fundadas de alguna institución o algún organismo que se presente con idoneidad sobre el tema, pueden ser tomadas en pos de mejorar el proyecto o bien de no hacerlo. Todas las posibilidades están abiertas”, finalizó.

 

El proceso de evaluación ambiental “cumple rigurosamente con las condiciones”

En tanto, el Ministerio de Energía y Minería afirmó que el proceso de evaluación ambiental realizado para la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz cumple “rigurosamente con las condiciones previstas en la ley y altos estándares científicos y técnicos”, al tiempo que rechazó que exista algún tipo de incompatibilidad en la labor que llevan adelante funcionarios del área por su pasada actuación en el sector privado.

Así lo planteó la cartera que conduce el ministro Juan José Aranguren mediante un comunicado elaborado en respuesta a una denuncia formulada por el senador Fernando Solanas; referida al proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto de “Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz”, de las cuales el Ministerio no recibió aún traslado de la Justicia.

Ante la presentación judicial y las declaraciones públicas de Solanas, el Ministerio de Energía aclaró que “el estudio de impacto ambiental realizado y la aprobación de la factibilidad de las obras se realizó en el marco de la Ley 23.879, lo cual implicó un proceso que cumplió rigurosamente con las condiciones previstas en la ley y altos estándares científicos y técnicos”.

Recordaron que el trabajo fue llevado adelante “por el Estado nacional a través de una entidad propia (EBISA), especializada en el estudio y desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica, que para este propósito reunió a expertos de reconocida idoneidad y experiencia” y afirmó que decir que el estudio lo elaboraron los mismos funcionarios que lo aprobaron “tergiversa la realidad y crea una falsa imagen de irregularidad”. (Télam)