Se conoció la denuncia penal por presunta malversación de subsidios en el MDS

Pese a haber deslizado varios cuestionamientos respecto de la administración anterior, el Gobierno nunca quiso dar a conocer si acaso había realizado presentaciones judiciales por presuntas irregularidades que se detectaron. Las consultas periodísticas no fueron pocas, toda vez que al asumir, el primer conflicto desatado se dio en la cartera social, en función de las denuncias públicas sobre “contratos truchos”.

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a TiempoSur que días atrás, la diputada Gabriela Peralta se presentó en el Juzgado de Instrucción, para tener como presentado a Diego Robles como su abogado, en una causa que tramita desde el 31 de octubre de 2016.

Impulsada por la actual ministro de Desarrollo, Paola Vessvessian, la denuncia que cayó en los estrados de Rosana Suárez, pide que se investigue a su antecesora por presunta comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de caudales públicos.

La presentación se nutre de las constancias administrativas que surgen de un informe realizado por la Subsecretaría de Administración y Finanzas del Ministerio, respecto de un cúmulo de expedientes y documentaciones de la utilización de un fondo de $900 mil, destinado al pago de ayudas de emergencia para personas de escasos recursos de Santa Cruz.

El fondo de cobertura a sectores vulnerables, se diseñó en 1992, como “Plan Gesol” y luego fue ampliado con un nuevo decreto en el año 1998. Lo que se denunció, cuando las nueva autoridades del Ministerio Social asumieron, se habrían encontrado con que “en las distintas documentaciones relevadas, no se encontraron ni los informes sociales, ni las intervenciones de las áreas pertinentes, ni ningún tipo de documentación que acredite condiciones de vulnerabilidad y que dieran origen a la ejecución” de esos dineros. Así como “tampoco se pudo identificar a qué titular de derechos se asistió con los recursos invertidos”.

El Gobierno dividió la investigación del Ministerio en seis grupos. En el primero había 46 recibos de anticipo de fondos “firmados por la profesora Gabriela Peralta”, para el retiro de efectivo, sin la documentación que avale la inversión por un monto de $1.529,000”.

En otro grupo hallaron 21 recibos “firmados por secretarios privados y colaboradores de la ex Ministra” por $463 mil.

También había 16 recibos de anticipos que fueron “retirados por diputados provinciales y autoridades externas” al Ministerio de Desarrollo, por $250 mil.

Otros 448 recibos de pagos sólo firmados “por supuestos titulares de derechos, sin  acreditar condiciones de vulnerabilidad” por $1.185.764, 45.

En 13 expedientes iniciados, se fijaban para asignar fondos destinados a la asistencia en la emergencia por $900 mil cada uno, totalizando $11.700.000.

Y, finalmente, 34 expedientes “con supuesta documentación de respaldo de la inversión de fondos, sin acto administrativo que ordene el cierre de los mismos”, por un monto de $4.504.966 millones.

De todo esto surge para el Ministerio que conduce Vessvessian, que hubo “una posible irregularidad respecto a la formalidad del acto administrativo por el cual se constituyó dicho fondo, atento a que solo existe una resolución ministerial de creación y no obra decreto correspondiente de ratificación del Gobernador (Daniel Peralta) que autorice a la creación del fondo”.