Política

Alarmante: concejales de El Calafate pidieron mano dura al Poder Judicial

El proyecto fue presentado por el Bloque oficialista “Primero Calafate”, como respuesta al reclamo de algunos vecinos por una serie de hechos delictivos que se registraron en la villa turística. Lo alarmante es que le reclaman al Poder Judicial que no aplique la ley para los acusados de cometer delitos y más tarde, encierra una advertencia: modificar las normas si no hay resultados ¿Y la división de poderes?

  • 19/06/2017 • 07:33
“Aplicar las leyes en beneficio de los damnificados y no de los autores de los hechos”.
“Aplicar las leyes en beneficio de los damnificados y no de los autores de los hechos”.

De un tiempo a esta parte, a la par de las preocupaciones económicas, la inseguridad viene peleando su puesto en las preocupaciones de la población. En El Calafate, un puñado de acontecimientos delictivos que ponen los pelos de punta a los comerciantes empujó a los concejales oficialistas, Ana María Ianni, Carlos Alegría, Carlos Mazzei y Bárbara Maldonado, a aprobar, en la última sesión, un proyecto de Resolución, de mínima pretencioso.

El Proyecto 015/17, aprobado este mes, echa mano a un argumento vinculado con un presunto aumento en los índices delictivos. “El Calafate se ha destacado por ser una ciudad típica de la Patagonia, tranquila y sin recaudos de seguridad de parte de sus vecinos… pero esta realidad ha ido cambiando en los últimos años, de acuerdo al registro de hechos delictivos y de violencia, que van en escalada ascendente y preocupan a nuestros vecinos” se puede leer la Resolución.

Hasta ahí, la preocupación es lógica, sobre todo porque es el Concejo Deliberante la institución que, además de controlar al Ejecutivo, tiene que recoger las inquietudes de la comunidad, aplicando normas en su beneficio.

Sin embargo, la cosa toma otro cariz cuando en su artículo primero, el proyecto establece “solicitar al Poder Judicial Provincial, priorizar la seguridad de los habitantes de nuestra provincia, aplicando las leyes en beneficio de los damnificados y no de los autores de los hechos delictivos”.

El párrafo es de una gravedad inusitada, no sólo porque el Deliberante se inmiscuye en terreno de otro poder del Estado, sino porque básicamente parece pedir que sean abolidas las garantías constitucionales que tenemos todos los habitantes a disposición para defendernos en igualdad ante la ley, en un proceso justo.

En su artículo 18, la Constitución Nacional establece que nadie puede ser privado de su libertad de forma arbitraria, sin la oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente asistirle, sino a través de un juicio llevado en legal forma y que concluye con el dictado de una sentencia fundada.

Pero el proyecto de Resolución aprobado por el Deliberante de El Calafate no queda allí, sino que además encierra una advertencia al Poder Judicial, cuando dice que debe considerarse si de la interpretación de las leyes (Código Penal) “surge que las mismas puedan no cumplir el objetivo de priorizar siempre la seguridad de los habitantes, se promueva el trabajo en conjunto con el Poder Legislativo para su modificación”.