Política

Gobierno denunció penalmente la irrupción en la residencia y pidió restricción para un sindicalista

El escrito fue presentado el mismo sábado y será ampliado hoy con mayores pruebas fílmicas de esa fatídica madrugada. El escrito plantea con suspicacia “el grado de anticipación” que tuvieron los medios nacionales que transmitían en vivo. Asimismo, pide que un dirigente no pueda acercarse a ningún edificio público.

  • 24/04/2017 • 07:46
La denuncia fue presentada este sábado e incluye pedido de restricción de acercamiento para Juan José Ortega.
La denuncia fue presentada este sábado e incluye pedido de restricción de acercamiento para Juan José Ortega.

Daños, atentado al orden constitucional, sedición y violación de domicilio, son algunos de los delitos que se le imputan al grupo de manifestantes que el sábado por la madrugada corrieron los límites de la protesta social, cuando arremetieron contra las puertas de la residencia en la que se encontraba la gobernadora Alicia Kirchner, su cuñada, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y su nieta, Helena, de sólo 18 meses.

A primera hora del sábado, la demanda penal a la que tuvo acceso TiempoSur, fue presentada ante el Juzgado de Instrucción de turno. El escrito, que lleva la firma de la adjunta en la Fiscalía de Estado, la ex conjueza federal Andrea Askenazi Vera, ataca la “espontaneidad” de la convocatoria fuera de la residencia, ubicada a media cuadra de Casa de Gobierno.

La denuncia se presentó muñida de imágenes de la barricada que debió realizarse en el interior de la residencia, a fin de evitar el ingreso de los activistas a la misma; otra es una captura de pantalla de las declaraciones del presidente, Mauricio Macri, en Infobae; luego figura otra captura de un sujeto cuyo nombre dejaremos en reserva quien la noche de los disturbios arengaba los mismos por las redes sociales y sobre quien piden que se ordene efectuar un análisis del Twitter del autor de las declaraciones y se realice una pericia informática a fin de determinar su origen y contactos del mismo. También se ven las imágenes del atentado al nicho de gas. Al tiempo que en el transcurso de hoy lunes, se acercarán la totalidad de los registros fílmicos que fueron analizados por el Gobierno durante el fin de semana.

El Gobierno sostiene en el escrito que esa noche “mediante redes, radios provinciales y dos medios nacionales, comenzaron a arengar a fin que la gente se acerque a la residencia de la gobernación”. Aquello, surge de los mensajes de WhatsApp, entre otros, en los que se pedía concurrencia porque allí dentro estaba la ex Presidente.

En tal sentido, “se aglomeraron un grupo de aproximadamente 200 personas y los móviles en directo de televisión nacional de Canal 13, TN y América TV y un agente de prensa del Concejo Deliberante de Río Gallegos”, quienes realizaron una transmisión en vivo y en directo de las “acciones violentas dirigidas hacia la residencia de la gobernación”, en donde estaban la gobernadora, Alicia Kirchner, la ex presidente, Cristina Fernández,  Helena Vaca Narvaja Kirchner, Margarita Zelaya, Miriam Gajardo y Mónica Kloster, éstas últimas, empleadas de la gobernación.

“Que entre las 22:30 y 00:30 los manifestantes se volvieron más agresivos y violentos, profiriendo cánticos racistas, pidiendo la renuncia de la Gobernadora, e incitando a la violencia y a la destitución del Gobierno actual, mientras tiraban bolsas de basura y piedras” se lee.

La presentación advierte que fue entonces cuando se produjeron “la rotura de seis vidrios y tres portones” pero también “se escaló y rompió la puerta principal de ingreso a la residencia sobre la calle Alcorta; motivo por el cual el comisario Mayor Dante Abud ingresó a la residencia para construir una barricada, para evitar que las personas, que con grado de gran violencia, actuaban coordinadamente en los patios internos de la residencia, lograran el cometido de ingresar a la casa, poniendo el peligro real y concreto la vida e integridad física de quienes allí se encontraban”, en efecto, sólo mujeres y una de ellas bebé.

En su relato, la Fiscalía de Estado explica que en aquella escalada de locura, algunos violentos lograron “ingresar a los patios internos, arrancaban las piedras bola de gran dimensión de los canteros del jardín para arrojarlas contra los vidrios y la fachada de toda la casa”.

Y es entonces cuando la denuncia plantea un hecho político pergeñado, al calificar de “llamativo” que justamente aquella noche de mayor efervescencia en lo que va del año, estuvieran los canales opositores al proyecto nacional que gobernó la Argentina doce años.

“Resulta más que llamativo que los mencionados hechos de violencia, casualmente ocurren en las fechas que medios nacionales (TN, Canal 13 y América), deciden visitar nuestra ciudad, contando con móviles en vivo, a fin de mostrar los hechos detallados” plantean, advirtiendo, con cierto sarcasmo, sobre “el increíble grado de anticipación a los hechos violentos que tienen estos medios”.

Con esta demanda se busca conocer quiénes fueron realmente los que atentaron “contra  la integridad de las personas que se encontraban en la residencia”, los que actuaron con una violencia que “no tenía límites”, produciendo “diversos daños materiales… violando el domicilio y causando rotura de medidores de gas –con el consecuente peligro para la seguridad de la población…”.

En síntesis, la violencia de los hechos aquí relatados asimismo han sido calificados por él luego de invocar la definición que hizo el propio Mauricio Macri sobre aquellos hechos, como “un grave ataque a la residencia de la Gobernadora”, el Gobierno advierte a la jueza todo aquello no fue una simple manifestación de ciudadanos autoconvocados. “Estamos aquí ante una acción coordinada por violentos, de forma premeditada, en banda y a altas horas de la noche (con presencia de móviles en vivo de medios nacionales) a fin de destituir al gobierno democrático de la provincia”.

 

RESTRICCION DE ACERCAMIENTO PARA ORTEGA

Más adelante, en el escrito al que tuvo acceso TiempoSur, se lee el pedido de la Fiscalía de Estado, para que la Justicia Penal establezca una orden de restricción de acercamiento para el ex secretario general del gremio de Judiciales, Juan José Ortega.

Es que, de las constancias fotográficas y videos que acompañaron la presentación, “surge que, entre otros que oportunamente se identificarán, figura la indudable presencia de Juan José  Ortega” al que definen como “un activista de reconocida trayectoria por su violencia”.

Al dirigente le enrostran haber “tomado otros edificios públicos de forma violenta, como el Superior Tribunal de Justicia, Caja de Previsión Social” y que además “ha agredido a funcionarios públicos provinciales y nacionales”. Por ello “solicitamos una orden de restricción, a fin de que se le impida acceder y a acercase a una distancia menor a 200 metros a los edificios públicos”.

 

“NO SE TRATA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA”

La denuncia firmada por Askenazi hace luego esta aclaración, frente a un escenario en donde los gremios y una porción no menor de estatales, salieron a repudiar el sábado la actuación de las fuerzas en un hecho que definieron como represivo.

“Esto no se trata de criminalizar la protesta social, sino que estamos lisa y llanamente ante la comisión de delitos” se lee sobre una embestida que no sólo fue contra la morada de la mandataria santacruceña, sino -entienden- que “se ha intentado deponer a un gobierno constitucional, poniendo en peligro concreto y real la vida de varias personas -casi todas mujeres- incluyendo a una menor”. Y es por ello que le reclaman a la Justicia “su inmediata intervención, a fin de hacer efectivo el poder punitivo del Estado, restaurando el orden y manteniendo los principios democráticos”.

 

QUÉ DELITOS SE INVESTIGAN SEGUN EL CODIGO PENAL

Daños, artículo 183: En relación a los daños, el código penal establece que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

Según el artículo 184, la pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cometer el delito en despoblado y en banda; o que sea ejecutado en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público, etc.

Atentado contra el orden constitucional y la vida democrática; según el artículo 226, serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales. Si el hecho descripto en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión. Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio.

Sedición, artículo 229: Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el Gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley.

El artículo 230, que también se pide, dice que serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años para los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (art. 22 de la Constitución Nacional);

Violación de domicilio. Artículo 150:  Será reprimido con prisión de seis meses a dos años… el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

Instigación a cometer delitos. Artículo 209. El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41.