Tribunal de Cuentas ordenó una denuncia penal por millonaria compra de calefactores para escuelas

Se trata del expediente N° 2314 -UEPAOMREE-2014 S/adquisición de equipos de calefacción para varios establecimientos de la ciudad de Río Gallegos. Ya en 2015, el Tribunal de Cuentas intimó a la Coordinación General de la Unidad Ejecutora para Atención de Obras de Mantenimiento y Reforma de Edificios Escolares, a que “en un plazo 20 días hábiles”, procedan a cumplimentar con los puntos observados por la auditoría que se había hecho en el 2014.

En aquel momento, el CPE no pudo mostrar la documentación que respaldara la aprobación de la contratación y de pago $1.838.651,40. Asimismo, se detectó una diferencia todavía inexplicable.

Según el libro banco, el importe que se habría pagado fue de $1.838.651,40, pero sólo se facturaron $ 1.549.707,41 “existiendo una diferencia que asciende a la suma de $ 288.944,09”.

En marzo del año pasado, hicieron una nueva intimación a las autoridades de la Unidad Ejecutora y a la Dirección de Tesorería. Esta no fue respondida y entonces surgió un nuevo aviso, pero el expediente de los calefactores sigue sin aparecer.

Por otra parte, el Tribunal detectó que, aun cuando no se evidenciaron actos administrativos para efectuar la compra de calefactores a una empresa local, y no se hallaron rastros de que se llamara a una compulsa de precios, el 3 de noviembre de 2016 “se tramita la afectación y pago de las mismas facturas que ya habrían sido abonadas con cheques N° 8630491, 8630506, 8630525 y 8630563 todos correspondientes al año 2014 y que la citada disposición ordena abonar a la empresa local la suma de $ 1.630.837,91”. Esto significa, entiende el Tribunal de Cuentas, que “de materializarse generaría una duplicidad de pago por los mismos servicios contratados”.

Por otra parte “no se encuentra debidamente informadas las tareas contratadas con la empresa en cada establecimiento escolar, ya que no se pueden relacionar con una secuencia lógica los requerimientos efectuados por los directores de los colegios, los informes de relevamiento preventivo y correctivo de la firma, el informe de cambio de equipos para la ciudad de Río Gallegos realizado por la firma comercial, los presupuestos y facturas presentadas por dicha empresa…” cuestionan.

De este modo, el Tribunal de Cuentas advirtió que las irregularidades y desprolijidades administrativas “implica una violación total de toda la normativa de contrataciones del Estado, se deberá dar intervención al Juez de turno que corresponda para que se investigue si los hechos configuran delito”.

En su parte resolutiva, el organismo de control financiero del Estado impone “una multa de $ 3.000” al Director General de la Unidad Ejecutora. Esto es, por no haber respondido a los pedidos de documentación y, entre otras consideraciones y recomendaciones a la Unidad Ejecutora, ordena “formular denuncia penal por los hechos descriptos en los considerandos del presente instrumento”.