En medio de tensiones, se corrió el último gran premio de galgos en el país

La última final de las carreras de perros comenzó ayer con polémica en el denominado Palermo de los galgos, donde hubo un allanamiento ordenado por la Justicia para comprobar si había "maltrato animal" y "uso de estupefacientes". En este canódromo se habían reunido unas 5000 personas para lo que temían sería la despedida de este clase de competencias, luego de que se sancionó la ley 27.330, el 17 de noviembre pasado.

Un día antes de que empezara el premio Diana Conti -que los galgueros nombraron en honor a la diputada kirchnerista que se opuso a la ley-, el abogado de la ONG proteccionista Sin Estribo, Enrique Zabala, presentó una denuncia judicial en la fiscalía de Marcos Juárez para que se impidiera la carrera. El abogado sostuvo que la prohibición estaba vigente. También puntualizó que en ese lugar cercano a la ruta 12 presuntamente se violaban la ley 14.346 de maltrato animal y la 23.737 de estupefacientes. El objetivo de Sin Estribo era impedir que se corriera la final nacional. Pero no lo consiguieron.

Poco después de las 10, cinco efectivos policiales y cuatro veterinarios, al mando del comisario inspector Francisco Bengolea, controlaron a 40 galgos. Fueron revisados a nivel clínico y sometidos a análisis de orina para verificar si les habían suministrado algún fármaco prohibido. "El resultado del allanamiento dio negativo", afirmó el comisario.

El operativo policial impuso un aire de tensión el ambiente que se sumaba a la incertidumbre sobre si se iba a disputar el premio.

Sin Estribo cuestionó el operativo policial. De hecho, Zabala sostuvo: "Para detectar si los perros habían ingerido estupefacientes se deberían haber obtenido muestras de sangre para que sean analizadas por la Policía Científica. Muchos criadores usan drogas caseras que no son detectadas con este tipo de análisis de orina".

Los veterinarios del canódromo retrucan el planteo de los proteccionistas. Dicen que allí hay controles rutinarios a todos los perros que compiten. El veterinario Lisandro Hernández contó que les hacen un examen clínico y si perciben que algún animal está agitado le realizan una revisión cardiológica y le miden la temperatura. El ganador de la carrera es sometido a un control antidoping.

También se tiene en cuenta, según señalaron los médicos, que cada perro tenga el microchip que se le coloca para llevar un registro.

En una rotonda central los perros se muestran a los apostadores, mientras los dueños los masajean con un desinflamante. Después, van a la pista, donde cada "soltador" mete a su perro en la gatera. Unos segundos después las puertas se abren y los animales salen disparados detrás de un señuelo, llamado "liebre".

Sabor amargo

Más allá de que la carrera se disputó con cierta normalidad, después del allanamiento policial, entre los criadores había quedado un cierto sabor amargo. Algunos lo entendían como el fin de una actividad que reúne a unos tres millones de criadores de perros Greyhound, la raza de los galgos. Sólo en Córdoba hay unos 1500 ejemplares registrados como "pura sangre de carrera".

Hernández lanzó una pregunta que contagió al resto: ¿qué pasará con los miles de perros si no hay más carreras? Juliano Novisarri, criador de Justiniano Posse, en Córdoba, esbozó una primera respuesta.

Había llevado cuatro cachorros para vender y ante esta particular coyuntura debió bajar el precio a la mitad. Antes de la sanción de la ley los vendía a 4500 pesos, pero ahora pedía 2500. "Son los hijos de Mojito, un perro campeón", decía para convencer a los posibles compradores.

"Vamos a tener que ir a vender los perros a Uruguay, donde están permitidas las carreras. Pero allá no nos van a pagar nada", sostuvo Norma Flores, de Santa Fe.

Desde la semana próxima, más allá de las interpretaciones legales, las carreras de perros estarán prohibidas en todo el país. Pero ninguno de los consultados en la multitudinaria carrera dejará la actividad. "Pasaremos a la clandestinidad, algo que es muy malo, porque no habrá controles de los animales ni reglamentos como hay ahora. Y los que más van a sufrir van a ser los animales", explicó un veterano criador bonaerense.

La mayoría de los criadores viven en pueblos y localidades pequeñas del país. Los animales que compiten tienen entre dos y cinco años, una vida corta dentro del canódromo, donde si ganan algún gran premio aumenta su cotización. Después, según señalaron, muchos pasan a convertirse en reproductores.

Sandro Orellano, criador desde hace 24 años en Río Negro, suscribió a esa idea. Si bien tiene cuatro perros, aclaró que no trajo ninguno para correr porque -según explicó- "acá sólo se inscriben los Maradona".

"Esperamos que prosperen los recursos judiciales que se presentaron, pero si eso no ocurre esta pasión va a ser un delito que hará que la mayoría lleve a sus perros a las carreras clandestinas", señaló.

(La Nación)