Empresas piden frenar el aumento de tarifas

La resolución de la Corte Suprema que ordenó realizar audiencias públicas para dirimir el precio del gas para los usuarios residenciales y que dejó de lado a las pequeñas y medianas empresas, industrias, comercios, clubes de barrios y cooperativas (entre otras organizaciones “no residenciales”) volvió a instalar la necesidad de contar con un marco regulatorio y tarifario diferenciado por región y sector.

En este sentido, ya existen proyectos de ley en el Congreso de la Nación que apuntan a esta diferenciación. Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) formalizó su denuncia para que el aumento de las tarifas también sea frenado, al menos parcialmente o temporalmente, en el sector no residencial. 

La acción colectiva de la CAME fue presentada ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1, de la localidad de  San Martín (provincia de Buenos Aires), en base a los términos establecidos por el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 52 de la ley 24.240 (de defensa del consumidor), que permite a las entidades que nuclean a distintos tipos de usuarios (los comerciales en este caso) puedan presentar demandas colectivas. Esta posibilidad fue incluida en los cambios realizados en dicha ley en 2008.

Los planteos de la CAME fueron los siguientes:

a) Se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las Resoluciones N° 28/16, 31/16 (ambas resoluciones establecieron el precio del gas en boca de pozo y establecieron el tarifazo), las resoluciones 99/16 y 129/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y la Resolución N° 3725/16, I/3843/16 del ENARGAS que impusieron el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios.

b) Que dicha nulidad en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país.

c) Se ordene a las demandadas abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado.

d) Se disponga un nuevo esquema de precios y tarifas para el servicio de suministro de Gas, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública.

g) Se ordene al Estado nacional disponga el pertinente procedimiento de audiencia pública que incluya a todos los sectores productivos.

El incremento del gas en la región para el sector comercial e industrial fue del 1000 al 2700 por ciento, según señalaron las distintas cámaras empresarias. Por ejemplo, un grupo de hoteles de Bariloche recibieron facturas en junio que estuvieron en torno de los 34.000 a los 60.000 pesos, cuando antes del ajuste tarifario pagaban entre 5000 y 6000 pesos.

Para estos sectores, que no fueron alcanzados por el fallo de la Corte, volvió a regir la resolución 28 y 31, que estableció el fuerte incremento en las tarifas.

Según lo informado por la empresa Camuzzi, las facturas con vencimiento del 22 de abril tenían un costo por metro cúbico de $ 0,091141 y las facturas recientemente emitidas, con vencimiento en junio tenían un costo de metro cúbico de $1,858881, es decir casi 20 veces más alta.

Según la revista Soberanía Energética, que acaba de publicar su primer número, el incremento de las tarifas solamente buscó tener una fuerte incidencia en la Patagonia. “La incoherencia de la resolución radica en que, si bien se anunció como una medida nacional, sólo apuntó a los incrementos en la región patagónica. Ello se debe a que, los incrementos porcentuales a nivel país promedian el 200% (considerando un mismo nivel de consumo respecto al mismo bimestre del año anterior). Por lo tanto, en la práctica se trata de una medida que sólo servía para corregir la irracionalidad del aumento en la Patagonia y paliar los incrementos en las facturas producto de los aumentos en el consumo por un invierno atípicamente frío”, sostuvieron Lara Bersten y María Mejía, en un artículo titulado “Del Sinceramiento al tarifazo”. 

Según Bersten y Mejía, “la quita de subsidios y el establecimiento de precios competitivos se implementaron con el objetivo de que los números cierren, sin mayores consideraciones ni sensibilidades sociales; así el sinceramiento en el precio de los servicios públicos, habiendo podido realizarse en forma paulatina y con medidas coordinadas de contención, rápidamente se convirtió en ‘tarifazo’, básicamente porque aplicado de este modo representa una medida que golpea fuertemente el salario de los trabajadores, la calidad de vida de las familias y la estructura de costos de la industria”.

Segmentación tarifaria- El diputado nacional Martín Doñate presentó un proyecto de ley para crear “la Tarifa Diferencial Gas Patagonia para todos los usuarios de las provincias patagónicas Rio Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

La iniciativa establece que la tarifa diferencial será “la resultante de dejar sin efecto lo dispuesto respecto de los nuevos Precios en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para el gas natural de acuerdo a la Resolución y será aplicable para todas las facturaciones correspondientes a 2016”.

La iniciativa plantea que los usuarios de gas de las provincias patagónicas abonarán a partir del 1° de enero de 2017, en concepto de precios en el PIST, un 30 por ciento del valor de la tarifa promedio que rija en ese momento para el mismo tipo de usuarios del resto de país.  

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, sostiene la iniciativa en sus fundamentos. Este planteo se basa en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que para el caso de la Argentina adquirieron un rango supra constitucional luego de que los tratados internacionales fueron ingresados en la Constitución Nacional con la reforma de 1994.

Según el Censo 2010, en la provincia de Río Negro el 81 por ciento de los hogares utiliza la Red de Gas Natural, mientras que en Neuquén es del 85 por ciento; en Chubut el alcance es del  88 por ciento, en Santa Cruz es del 95 por ciento y en Tierra del Fuego se llega al 90 por ciento.

Según los fundamentos del proyecto legislativo, el tarifazo benefició sólo a 10 empresas, que concentran el 90 por ciento de la producción de gas, mientras que en el segmento de la  distribución y del transporte, fueron beneficiadas 9 distribuidoras y 2 transportistas.

La distribución del gas

Las provincias de la región patagónica son productoras de gas. La región aporta el 75.83% de todo el gas que se produce en el país.

El ranking de producción es el siguiente:

Chubut: 8,05%

Santa Cruz: 9.14%

Neuquén: 45

Río Negro: 4.16

La Pampa: 1.12%

Tierra del Fuego: 8.29%

“El gas es un derecho, no un privilegio”

El Secretario gremial de Petroleros Jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, escribió recientemente una columna de opinión titulada “Gas de Tierra del Fuego: Todos al Horno“, luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema.

 “En Tierra del Fuego tenemos un déficit bochornoso. Producimos mucha cantidad de gas y la gente sufre la garrafa social, la red de gas no llega a todos. El gas es vital para la provincia. Lamentablemente, si esta cuestión no se pudo resolver a través de la política, ahora dependemos de la justicia. Por eso estamos al horno”, sostuvo Solorza.

El dirigente manifestó, a su vez, que el gran riesgo para el Gobierno es que las empresas petroleras transparenten sus costos durante las audiencias públicas. “El mercado es un oligopolio, si las empresas se ponen de acuerdo en cuanto cobrar, los ciudadanos no podemos pagar lo que se les antoja. Las empresas tienen que mostrar sus ganancias, sus costos, para saber cuál es realmente el valor del gas en boca de pozo”, manifestó el dirigente sindical en declaraciones radiales.

“Los que tenemos algún tipo de responsabilidad debemos medir nuestras palabras. Es poco serio que se haya manejado de esta manera. Así como sacamos los costos de la tarifa eléctrica, con el gas debería pasar lo mismo. No se hicieron audiencias porque iban a quedar al descubierto. Lo único que pedimos es una tarifa justa y que el gas sea declarado un derecho en Tierra del Fuego y no un privilegio”, concluyó Solorza.

Claves

*La Corte Suprema de Justicia frenó, temporalmente, el tarifazo de gas solamente para los usuarios residenciales.

*Esto implica que el 70 por ciento del consumo del gas, nucleado en empresas, comercios, pymes e industrias, deberán pagar el tarifazo.

*Para el caso de Santa Cruz, el aumento a las empresas llegaba al 1500 por ciento.

*La CAME presentó una demanda para que el tarifazo a las empresas sea también considerado inconstitucional y se obligue al Gobierno a realizar audiencias públicas.

*Por otro lado, en el Congreso de la Nación ya existen proyectos para que la tarifa de gas sea diferenciada por región.

*En Tierra del Fuego, también se presentó un proyecto para que el servicio del gas sea considerado un “derecho” y no un “privilegio.