Mitos sobre las razones que originaron incrementos en las tarifas energéticas

En los últimos meses se construyó la idea de la necesidad de un “aumento de tarifas de los servicios públicos” sobre la base de ciertas premisas, como por ejemplo, que las tarifas estaban congeladas desde 2002, que las empresas perdían dinero de manera sistemática y que la Argentina se estaba quedando sin recursos. Sin embargo, esas afirmaciones esbozadas desde la Administración central pueden ser refutadas por datos concretos y fácticos. Según información oficial del Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, la Argentina había iniciado un ciclo de incremento de su producción de gas -previo al aumento de tarifas-, mientras que la información de los balances de las empresas del sector dan cuenta de ciclos con rentabilidades positivas, combinado con algunos años de pérdidas, entre 2007 y 2015, sumado a la suba de tarifas de años anteriores.

Las idas y vueltas detrás del incremento, cuya inconstitucionalidad fue ratificada por la Cámara Federal de La Plata -es decir que el freno al aumento sigue vigente en todo el país-, sumado al escamoteo de cierta información de la cual daremos cuenta en estas páginas, permite conjeturar que la intención fue desde el primer momento concretar una enorme transferencia de recursos hacia las empresas del sector. Según la consultora del economista Miguel Bein, esa transferencia equivaldría a 4000 millones de dólares.

Las resoluciones que originaron el conflicto fueron la número 28 y 31, a partir de las cuales la cartera que conduce Aranguren incrementó el precio del gas en boca de pozo y dispuso la modificación del cuadro tarifario. Ante el reclamo de gobernadores y la ciudadanía, se había aceptado establecer, en apariencia, un tope del 400 por ciento para los usuarios residenciales y 500 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, pero sobre aquellos usuarios que consumieran menos o igual cantidad de gas que el mismo período del año anterior. Es decir, que si una persona o empresa consumía un metro cúbico más de gas, el incremento de su factura podría dispararse por encima de esos topes comunicados.

Así había quedado establecido en la resolución 99 del Ministerio de Energía. Ese texto sostenía también que, más allá de esos topes, las empresas productoras, las transportistas y distribuidoras, recibirían el nuevo precio de la tarifa fijada por el Gobierno nacional. Es decir que el Poder Ejecutivo había tomado la decisión de subsidiar la rentabilidad de las empresas. La clave detrás de esa resolución 99 estaba en que no derogaba ni la resolución 28 ni la 31.

El conflicto continuó, los amparos judiciales se multiplicaron en diferentes provincias y municipios. Incluso, el Gobierno solicitó un pedido de per saltum para que la Corte Suprema de Justicia tomara cartas en el asunto. La Corte decidió que podría tomar una resolución recién en agosto.

Revisión tarifaria- El lunes pasado, un día antes de la reunión de Acuerdos del Máximo Tribunal, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y Aranguren realizaron una conferencia de prensa para anunciar, nuevamente, el tope del 400 y 500 por ciento, pero esta vez sobre la factura y no la tarifa. El Gobierno todavía no publicó en el Boletín Oficial la nueva resolución. Sin embargo, las fuentes consultadas por TiempoSur indicaron que se seguirá sosteniendo la vigencia de las resoluciones 28 y 31, es decir la transferencia de recursos hacia las petroleras, donde solamente se modificaría la resolución 99.

Otro aspecto que dejan entrever las resoluciones del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), es que este tarifazo es sólo el comienzo de una serie de aumentos. Todavía está pendiente la “Revisión Tarifaria Integral”, que es la que fijaría los valores de la energía para el próximo año. Por eso, en la conferencia de prensa del lunes pasado se anunció la realización de audiencias públicas para octubre de este año. Aranguren ya les había dicho a los gobernadores que en realidad el precio de la energía era mucho más caro que los aumentos concedidos en marzo de 2016, definidos por el Gobierno como “readecuaciones transitorias”.

“Desde el punto de vista metodológico, un cambio de tarifas abrupto es un proceso que te puede llevar uno o dos años, porque los distintos actores tienen que ir adaptándose a la nueva situación y alcanzando nuevos equilibrios, sino corrés el peligro de quebrar a muchos sectores”, sostuvo a este diario Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys).

Así fue como muchos comercios, pequeñas industrias y clubes de barrio pusieron el grito en el cielo ante la inminencia de los vencimientos de sus facturas, que presentaron incrementos entre el 500 y 2000 por ciento.

Refutaciones- El Gobierno anterior había establecido que todos los nuevos descubrimientos de gas se pagarían a 7,50 dólares el millón de BTU. De esta manera, la anterior gestión intentó impulsar las nuevas exploraciones a establecer un precio diferencial para los nuevos descubrimientos. Sin embargo, el Gobierno actual fijó un incremento del gas en boca de pozo uniforme, sin exigirle a las empresas nuevas inversiones. Lo mismo ocurrió con las empresas transportistas y distribuidoras a las que se les mejoró la tarifa, sin la exigencia de inversiones.

Este dato de por sí ya indica que los precios se habían modificado, previo al cambio de gobierno. Pero también hubo una modificación de tarifas para el resto de la cadena en 2014, información escamoteada por el Gobierno.

La administración anterior aumentó las tarifas de gas en abril de 2014 a través de la resolución 226, e introdujo un fuerte incentivo al ahorro que consistía en mantener los valores sin cambios a quienes redujeran su consumo al menos un 20 por ciento.

Las empresas transportistas y de distribución tampoco reconocen en público este incremento, a pesar de que en sus balances sí es informado a los accionistas. Pero el incremento de 2014 no fue el único. Por ejemplo, en los estados contables de la empresa Camuzzi, que tiene injerencia en Santa Cruz y otras regiones de La Patagonia, se informa que “como complemento a la Resolución 599, con fecha 19 de septiembre de 2008, la Secretaría de Energía dictó la resolución 1070/08; mediante esta norma se hace un ajuste en el precio del gas natural en boca de pozo con destino a los clientes residenciales y comerciales”.

Otra refutación tiene que ver con la producción de gas en el país. La versión de los funcionarios es que si no se aplicaba el incremento tarifario para desincentivar el consumo, la ciudadanía se quedaría sin gas. El dato concreto es que YPF registró en 2015 un incremento en la producción de gas del 4,1 por ciento. Si se tienen en cuenta todas las empresas del sector, la producción de gas del año pasado fue de 42.901.588 (mm3), es decir un incremento del 3,5 por ciento en comparación con 2014. Esto se desprende de la base estadística del Ministerio de Energía. Para el primer trimestre de 2016, la producción de gas tuvo un incremento del 5 por ciento en relación al primer trimestre del año pasado y del 7,5 por ciento en relación al período enero – marzo de 2014.

Dicho incremento, reconocido por el propio Gobierno aunque de manera solapada, no quita la necesidad de que la producción de gas sea aún mayor, en función de las prioridades energéticas para los próximos años.

La rentabilidad- La tercera refutación tiene que ver con la rentabilidad de las empresas. Si bien año a año los resultados son dispares, las empresas del sector han obtenido altas tasas de rentabilidad.

TiempoSur analizó los balances de Transportadora de Gas del Sur (TGS), Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Camuzzi, difundidos por las mismas empresas a través de la página web de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los resultados son los siguientes:

TGS obtuvo una rentabilidad neta del ejercicio de 147,5 millones de pesos en 2007. Entre ese año y 2014, la empresa obtuvo ganancias netas positivas. En 2008 fueron 175,1 millones de pesos; al año siguiente, la rentabilidad fue de 178,4 millones, seguido por un resultado positivo de 133,1 millones (2010), 230,7 millones (2011), 232,7 millones (2012), 107,5 millones de pesos y 105 millones en 2014. Según informa la empresa, el negocio vinculado al transporte de gas representa entre el 17 y 24 por ciento de los ingresos totales de la compañía. En 2015, la empresa registró una pérdida neta de 172 millones de pesos, explicado por desbalances financieros.

TGN corrió una suerte similar. En 2007 obtuvo una ganancia neta de 337,3 millones de pesos. Al año siguiente, su rentabilidad fue de 304,1 millones de pesos. En 2009, el resultado positivo fue de 51,5 millones de pesos, seguida por una ganancia de 73 millones de pesos (2010), 139 millones (2011), 214,7 millones (2012), 28,9 millones de pesos (2013) y 245,6 millones de pesos en 2014. El año pasado obtuvo una pérdida de 517,6 millones de pesos.

En el caso de Camuzzi, dividida en Gas Pampeana y Gas del Sur, los resultados fueron algo más dispares. En el caso de Camuzzi Gas del Sur, la ganancia neta alcanzada en 2015 fue de 151,8 millones de pesos, en tanto que la pérdida neta registrada del 2014 fue de 88,5 millones  de pesos, según lo especificado por la empresa a través de sus balances. El año pasado, la empresa recibió la ayuda económica transitoria por parte del Estado nacional de 349 millones de pesos.

En 2013, la pérdida neta de la sociedad fue de 86 millones de pesos, mientras que en 2012 el rojo fue de 48 millones. Sin embargo, en 2011 obtuvo un resultado positivo de 53 millones de pesos. En 2009 el resultado fue positivo en 5,4 millones de pesos, mientras que en los períodos fiscales de 2010, 2008 y 2007 los resultados fueron negativos.

Sin embargo, Camuzzi Gas Pampeana tuvo una mayor cantidad de resultados positivos, que pérdidas. En 2015, la sociedad obtuvo una ganancia neta de 5 millones de pesos, mientras que en 2014 la pérdida registrada fue de 8 millones de pesos. En 2013, la empresa ganó 4 millones de pesos. Entre 2012 y 2010, la sociedad registró balances negativos, mientras que en 2009 obtuvo una rentabilidad de 2 millones de pesos, seguida por una ganancia de 28,4 millones de pesos en 2008 y otros 5,6 millones de pesos en 2007.

Las adjudicaciones de Shell

Al tiempo en que la sociedad espera la concreción del tarifazo o su rechazo pleno en la Justicia, la empresa Shell continúa avanzando en el mercado local. La empresa anunció, en la revista Petroquímica, que a partir del 2017 podrían inyectar al mercado 10.000 barriles de crudo por día. La afirmación corrió por cuenta de Teófilo Lacroze, el actual presidente de Shell.

Para comprender la dimensión de la producción estimada por Shell en dicho yacimiento, vale aclarar que en un metro cúbico de crudo “entran” 6,2829 barriles. Si en un mes Shell podría sacar 300.000 barriles de Vaca Muerta –dando por válidos los parámetros indicados por Lacroze- , serían aproximadamente 47.748 metros cúbicos al mes, producción similar a lo que se extrae en la Cuenca Austral de Santa Cruz.

YPF, por ejemplo, extrae aproximadamente 50.000 barriles por día de crudo no convencional, por lo tanto la producción potencial de Shell rondaría el 20 por ciento de lo generado por YPF en Vaca Muerta. Sin embargo, el dato que falta a este análisis es el anuncio realizado por la petrolera bajo control estatal de reducir las inversiones para 2016, sobre todo en Vaca Muerta, por la baja del precio del petróleo. Es decir que mientras YPF preanuncia una reducción de inversiones en este yacimiento, Shell anticipa un incremento de las mismas.

Esta no es la única área donde Shell sigue aumentando su participación de mercado. En abril de este año, el Gobierno nacional lanzó una primera licitación para importar Gas Oil. Según la adjudicación realizada el 21 de abril de este año, de un total de ocho barcos por 400.000 metros cúbicos, la empresa subsidiaria de Shell -Shell Western Suply and Trading (STUSCO)- fue adjudicataria de 7 barcos, a razón de 18 millones de dólares por barco. Es decir que el Gobierno le entregó a la empresa 126 millones de dólares.

Pero esa no fue la única licitación. Según la información difundida por la empresa mayorista Cammesa, durante la cuarta convocatoria a concurso internacional, la subsidiaria de Shell obtuvo un contrato por dos barcos, de un total de 8. La fecha de arribo, según lo difundido, estaba pautada entre el 29 de junio y el 3 de julio. Y en la sexta convocatoria internacional, la subsidiaria de Shell ganó tres contratos de un total de 6 barcos, con fecha de entrega entre el 4 y 19 de julio. En lo que va del año, Shell ganó licitaciones para la importación de Gas Oil por un total de 12 barcos, es decir, contratos por al menos 216 millones de dólares.