Denunciaron penalmente a ATE por la toma de establecimientos educativos

“No se están garantizando las clases normales” fue la frase con la que la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Celina Mansilla, calificó lo acontecido a primera mañana.

La funcionaria recordó que los directivos de los establecimientos educativos debían realizar la denuncia correspondiente e indicó que, en el interior, desde la víspera se encontraban mediando en situaciones que se daban entre grupos de padres y el gremio de ATE.

La medida de acción directa que ATE denomina con el eufemismo de “acciones gremiales”, se tradujo en la toma de los Secundarios Nº23, Nº26, Nº10 y Nº41. Los Colegios Primarios Nº39, Nº46 y Nº91 y el Jardín de Infantes Nº65. Sin contar a los del interior provincial.

Frente a este escenario, las defensorías públicas de esta capital actuaron radicando una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción Nº1, que conduce la jueza Marcela Quintana, “en contra de la Asociación de Trabajadores del Estado y/o las personas que corresponda identificar, por las conductas obstaculizadoras  que se encuentran desplegando”, en las instituciones mencionadas.

En la descripción de los hechos, definen que ayer, “por medio del uso de la fuerza y la intimidación”, los integrantes del gremio no permitieron que los establecimientos educativos en los que dicten clases “los funcionarios públicos -docentes- cumplan con sus funciones, tratando de imponer sus ideas por la fuerza y la intimidación”.

A todo esto, por esas horas ya comenzaban a circular los primeros audios y videos que describían lo acontecido: tal como lo mostró un video filmado por una madre del jardín del barrio San Benito; al llegar hubo fuerte cruce de palabras con la gente de ATE que les bloqueó las puertas en la cara, dejando fuera a los niños que presenciaron la confrontación.

“Vos no sabés lo que es morirte por un pedazo de pan”, le gritaba una de las madres a los manifestantes, dando cuenta de la realidad de un sector con características sociales particulares.

También por esas horas se conocía un audio, filtrado presuntamente de WhatsApp, en donde se escuchaba a dos personas, definiendo la toma de algunos colegios.

“Lo de Educación ya está armado. Susana va al Secundario 10 mañana pero lo va a tomar a las 05:30 de la mañana más o menos. Vos confirmame ahora. Avisame pero me tenés que avisar ya. Susana va a estar hasta la una de la tarde y después ya banca otro grupo”, se escucha.

Para los defensores “todas estas conductas impiden la ejecución de la Ley Federal de Educación”, violentando el derecho constitucional de los chicos a recibir una educación pública, pero además impidiendo que los docentes “puedan cumplir con la función que les es propia” bajo la premisa de garantizar “el derecho constitucional de enseñar y aprender”.

ECHANDO MANO AL CP

Todas las conductas que fueron descriptas en la denuncia contra ATE, constituirían las figuras penales reprimidas por los siguientes artículos del Código Penal:

En principio el Artículo 213 bis. Aquel que reprime con “prisión de tres a ocho años” a quien “organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias” que, sin ser una asociación ilícita, porque ATE es un gremio, tuvieren por objeto “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

El Artículo 230 inciso 2, que reprime a quienes “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales”.

También se puso en consideración el Artículo 237 del Código Penal, que habla de prisión “de un mes a un año” al que “empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona…” El 241 inciso 2, respeto de aquel que “impidiere o estorbare a un funcionario público (en este caso un docente) cumplir un acto propio de sus funciones”.

Por último, también  estaría vulnerando, a entender de los demandantes, el Artículo 14 de la Constitución Nacional que garantiza que todos los habitantes argentinos gozan del derecho a “trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender”.

YA ORDENARON DESALOJO EN LAS HERAS

La misiva corresponde al juez de Instrucción Nº1 de Las Heras, Eduardo Quelín, quien el lunes remitió un oficio al jefe de comisaría para que haga cesar la ocupación de la Escuela Primaria Nº3 “Benjamín Zorrilla” por parte de ATE.

En su decisión, Quelín advierte a los afiliados al gremio que conduce Alejandro Garzón, que “el ejercicio de sus derechos no debe perjudicar en modo alguno derechos de terceros y que su conducta actual se hallaría incursa provisoriamente en figuras penales”. Entre ellas, los Artículos 174 Inciso 6, 181 inciso 3, 237 y 238 inciso 2, 45 y 55 del Código Penal.

Por ello, solicita a los uniformados a que los intimen a que “en el perentorio término de una hora, a partir de la notificación, procedan al inmediato desalojo del establecimiento educativo, propiciando con ello “la paz social y bajo apercibimiento de ser desalojados con la fuerza pública necesaria en caso de desobediencia y de ser responsabilizados por la comisión del delito de Desobediencia Judicial”.

Quelín también pide a la Policía la “identificación de los manifestantes en debida forma, ya sea de visual o a través de la toma de secuencias fotográficas de los mismos, ello a los efectos de la dilucidación de los hechos objeto de investigación”.