Las claves de la ley de Reordenamiento de Deuda y financiamiento de la obra pública

La sancionada ley de Reordenamiento de Deuda, Financiamiento de Obras Públicas y Fortalecimiento de las jurisdicciones municipales, debería ser analizada a la luz de varias aristas. Una de ellas son las modificaciones introducidas al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo provincial, que surgieron luego de las negociaciones entre las autoridades provinciales y municipales.

De esos encuentros surgió el programa de fortalecimiento de las jurisdicciones municipales, destinado “al mejoramiento de sus cuentas, la cobertura total de sus desequilibrios financieros y/o presupuestarios, modernización de su gestión, armonización de los sistemas de recaudación fiscal, la normativa tributaria y de su personal”.

El programa en cuestión cuenta con una serie de presupuestos mínimos que deben cumplir las partes, de los cuales se destacan dos ejes bien claros. Por un lado la optimización de las gestiones municipales

–unificando la fecha de pago de salarios, fomentando el intercambio de información, la mejora de los servicios públicos locales, y cubrir los desequilibrios presupuestarios y financieros con los recursos que sean enviados por dicho programa-, y por otro lado, la planificación estratégica de obras públicas.

El primer punto no es algo menor. La provincia debe pagar 86.000 salarios  de la administración pública, de los cuales 22.000 corresponden a jubilaciones. A su vez, la jurisdicción envía por mes a los municipios aproximadamente 70 millones de pesos para cubrir salarios por fuera de los recursos coparticipables. Lo que se debe destinar a pagar salarios en todos los niveles de la administración pública provincial equivale al 104 por ciento del total de los recursos que posee Santa Cruz, con fuertes disparidades entre municipios. Por ejemplo, hay localidades con 4.000 habitantes de los cuales 1.000 son empleados públicos.

En este contexto, el objetivo del Gobierno provincial apunta a mejorar las cuentas municipales sin la variable de ajustes sobre los trabajadores. Fue el propio intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, quien aseguró ante empleados municipales de su ciudad que para recibir asistencia de Nación debía echar a 1.500 trabajadores, situación que obligó a funcionarios del Ministerio del Interior a desautorizar las palabras de Prades, quien pertenece a la Alianza Cambiemos.
Ante este escenario, los diputados Gerardo Terraz y Sergio Bucci (ambos de Cambiemos) acompañaron el dictamen que luego fuera convertido en ley, para evitar un “estallido social” en Caleta Olivia, tal como lo reconoció el propio Terraz.

Herencias

La provincia heredó de la gestión de Daniel Peralta, cuyo último ministro de Economía fue el ahora diputado provincial José Blassiotto, un déficit de más de 6.700 millones de pesos. 

Si se tiene en cuenta que el último presupuesto elevado por el ex Gobernador presentaba un déficit de 2.884 millones de pesos, el último año de su gestión más que duplicó el déficit planteado en el presupuesto vigente.

El rojo de las cuentas provinciales tuvo dos momentos de fuerte aumento: en 2007, con una suba del 172 por ciento (-543 millones), y en 2009 pasó a ser de 2.042 millones de pesos, casi cuatro veces más que en 2007. Esa fuerte suba de 2009 coincide con el análisis realizado por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Jefatura de Gabinete, que el año pasado publicó un libro con el análisis fiscal de los municipios del país.

Según el trabajo “La estructura de la recaudación municipal en la Argentina”, editado conjuntamente entre la Secretaría de Asuntos Municipales (SAM) y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), el déficit de la provincia de Santa Cruz se aceleró entre 2009 y 2012, cuando Daniel Peralta era Gobernador.
Ni Blassiotto ni Gabriela Peralta ni los integrantes de la Mesa de Unidad Sindical (MUS)  trajeron a colocación estos datos (la herencia recibida) a la hora de rechazar el proyecto de reordenamiento financiero.

Obra pública

El proyecto aprobado con las modificaciones sugeridas por intendentes y otros sectores plantea la necesidad de retomar la obra pública provincial. A partir de 2008, el ítem obra pública sufrió un fuerte retroceso en los presupuestos provinciales. “Asegurar la realización de obras públicas necesarias para cada municipio de la provincia, que tiendan a mejorar los servicios básicos y esenciales de sus respectivas comunidades. A tales fines las intendencias deberán presentar al Ejecutivo Provincial, en un plazo de sesenta (60) días de promulgada la presente ley, los proyectos de obras prioritarias”, sostiene el artículo 8 de la nueva norma.

La confección de ese plan de obras públicas también podrá ser controlado por la oposición local, ya que la misma ley prevé la creación de una comisión de seguimiento de la inversión de los fondos, que estará integrada por tres miembros de la mayoría y 2 de la primera minoría. A su vez, el Ministerio de Economía deberá remitir a la  comisión de seguimiento la información documentada dentro de los diez días hábiles de producido el acto administrativo de inversión.

Ventaja comparativa

Hasta el momento son varias las provincias que han decidido tomar deuda, muchas de ellas en dólares, a pesar de contar con situaciones financieras más holgadas que Santa Cruz y haber recibido una mayor cantidad de recursos desde el Gobierno nacional.

Córdoba, Neuquén, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires colocaron deuda en el exterior. En el caso de la provincia gobernadora por Omar Gutiérrez, del MPN (Neuquén), que ya recibió del Gobierno nacional 2.000 millones de pesos en asistencia financiera, obtuvo financiamiento por 235 millones de dólares a una tasa de 8,625 por ciento anual, con vencimiento en 2028.

En el caso de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, tomó deuda por 500 millones de dólares, con una tasa del 8,375 a 8 años. Esta jurisdicción recibió del Gobierno nacional 1.800 millones de pesos.

La Ciudad de Buenos Aires, a pesar de haber obtenido un fuerte incremento de sus recursos por coparticipación a partir de un DNU –ingresos que de un año a otro ya aumentaron un 126 por ciento-, se endeudó por 890 millones de dólares, a 11 años, con una tasa de 7,625 por ciento. Y la provincia de Córdoba, bajo la gobernación de Juan Schiaretti (PJ), obtuvo una financiación por 725 millones de dólares con una tasa de 7,125 por ciento. Esta última jurisdicción recibió a su vez del Gobierno nacional 800 millones de pesos en concepto de asistencia financiera. Hasta el momento, Santa Cruz solamente recibió 50 millones de pesos de asistencia financiera.

A partir del proyecto sancionado, la provincia podrá optar por tomar deuda en pesos o en moneda extranjera, con una ventaja comparativa frente al resto de las jurisdicciones, que es su bajo nivel de endeudamiento en moneda extranjera y con el gobierno nacional (Ver recuadro).

Según un trabajo elaborado por la CTA, firmado por Horacio Fernández, Roberto Larosa y Laura Pacífico (2014), el stock de deuda en dólares de la provincia de Santa Cruz era solamente del 4 por ciento, cuando en la Ciudad de Buenos Aires llegaba al 99 por ciento (durante el ciclo de Mauricio Macri en la jefatura de CABA el endeudamiento en dólares fue constante), en Mendoza llegaba al 41 por ciento, en Córdoba era del 54 por ciento y en Neuquén, del 56 por ciento. “Aquí se manifiesta cómo impactan las devaluaciones sobre las cuentas provinciales en función de la mayor cantidad de pesos que se necesitarán para hacer frente a las deudas expresadas en otra moneda”, manifestaron los investigadores de la CTA.

Deuda provincial en dólares estimada para 2014. Monto absoluto en millones de dólares y proporción en moneda extranjera. CTA