Juez frenó la vigencia de una ley que ratifica la asistencia que tuvo Peralta de Nación durante 2015

 Durante 2015, el FUPVM no llevó a la Justicia Peralta por no informar sobre los permanentes endeudamientos.

Cuando en abril, el Gobierno provincial mandó a diputados el convenio para que la Legislatura ratifique la deuda que a lo largo de 2015 fue adquiriendo el entonces Gobernador Daniel Peralta con la Nación, muchos parlamentarios creyeron que se estaba frente a un pedido de endeudamiento por más de $4.000 millones.

Pero la documentación, establecía claramente el volumen de compromiso que tomó Peralta durante el año pasado, junto al ministro de Economía Edgardo Valfré, su par de nación, Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el marco del refinanciamiento de la deuda.

Ya en ocasión de brindar su discurso ante la Legislatura, inaugurando el periodo ordinario de sesiones, Alicia Kirchner había blanqueado esto, al advertir que la gestión de Peralta había caído en “una pendiente de endeudamiento crónico” y que “por el convenio de asistencia financiera se han comprometido también montos de coparticipación a ser retenidos desde el 2017 por 4.439 millones; y en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas se registraron otros 1.545 millones de deuda también descontables a partir del 2017”.

Todo esto pasó sin que el ex mandatario tuviera cuestionamientos de los diputados que conformaban la bancada del FUPVM, Estela Bubola, ni Héctor Roquel. He incluso, no hubo intentos de llevarlo a la Justicia por adquirir empréstitos sin permiso de los diputados.

Pero sucede que cuando llega este pedido de ratificación a Diputados, la oposición ya estaba en plan de llevar al Gobierno de Alicia Kirchner a la justicia por la causa del Acceso a la Información Pública. Uno de los puntos de esa demanda, fue conocer concretamente a qué fueron destinados esos fondos de deuda pública porque, sospechando que pudieron tener otros destinos.

Finalmente los diputados aprobaron por mayoría simple la ratificación del Convenio de Asistencia Financiera, una situación normal, si no fuera porque en su artículo quinto, el Convenio advierte que entrara en vigencia “una vez que, por la norma provincial que corresponda, se apruebe y se autorice el endeudamiento y la afectación de la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”.

Esto bastó para que la bancada de Cambiemos acudiera nuevamente ante los estrados del juez Civil, Francisco Marinkovic para plantearle que, cualquier toma de deuda, o autorización en ese sentido, debe ir acompañada de un voto por dos tercios: Ergo; dijeron que el Convenio es inconstitucional.

El jueves, Marinkovic dio lugar al planteo de Cambiemos, en la causa caratulada Roxana Reyes y otros C /Estado Provincial Expte 17439/16, en la que le piden al juez que, como medida cautelar, se suspenda la vigencia de la ley Nº 3.474 (Convenio de Asistencia Financiera) y del cronograma de pagos que incluye.

El magistrado advierte que si en el artículo quinto del convenio, el pago de este estaba supeditado a un endeudamiento, y atento a que el mismo fue aprobado en la última sesión “entiendo que se encuentra acreditado el peligro en la demora que habilita el dictado de la medida cautelar requerida” porque la ejecución del convenio “podría generar daños de difícil reparación ulterior” en este caso  las arcas públicas, afectando los ingresos por coparticipación.

El endeudamiento dice que la devolución de ese dinero se realizará “en 167 cuotas mensuales y consecutivas equivalentes al 0.59% y una cuota de 1,47% de capital”.

También, el endeudamiento tiene “un plazo de gracia” para el pago de intereses y amortización “hasta el 31 de diciembre del año 2016”. Para pagar la deuda que fue tomando a lo largo del 2015, Peralta comprometió los ingresos por Coparticipación Federal hasta la cancelación total del préstamo.