Lerena convocó a la primera audiencia para que se garantice el servicio educativo

El 12 de mayo ingresó la demanda de un grupo de padres para que la educación sea declarada como un “servicio esencial” en el terruño. El reclamo judicial en contra del Gobierno provincial y los gremios educativos cayó en manos del juez de Familia, Diego Lerena, quien en las últimas horas convocó a las partes para celebrar la primera audiencia, luego de declarar formalmente habilitada la vía del amparo.

Los padres, que se asesoraron oportunamente con las Defensorías Públicas, acudirán hoy a las doce del mediodía al despacho de Lerena para encontrarse con los responsables de que se garantice la educación en Santa Cruz, se cumpla con el calendario escolar de 180 días y cese la vulneración de los derechos de sus hijos a recibir educación pública, gratuita y de calidad.

Está claro que Lerena no tiene frente a sí una tarea fácil, ni demasiadas alternativas que puedan sortear un consenso, habida cuenta que en el escenario actual el derecho a la educación y el derecho a la huelga que llevan adelante los gremios, están en colisión constante.

Habiendo declarado formalmente procedente el amparo de los padres, el magistrado convocó a la audiencia en uso de las facultades del Artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, que lo habilita a tomar contacto con las partes y llegar a alguna conciliación, por si acaso las voluntades reunidas abonan ese terreno.

Anoche TiempoSur se comunicó con Lerena bajo la premisa de confirmar la convocatoria de hoy, ocasión en la que el magistrado aseguró que “es un conflicto importante, pero tenemos que escucharnos”.

Lo cierto es que la tramitación judicial de este amparo no se superpone a la vía administrativa planteada en la Subsecretaría de Trabajo, escenario legítimo para resolver los alcances de un tema que debió sellar en paritarias. Sin embargo, no está ahí dirimiéndose el interés superior del niño ni de los padres, por cuanto en los estrados de Lerena se buscará una alternativa.

Vale recordar que el derrotero del grupo de padres comenzó en marzo y tuvo su primer puntapié durante la primera mitad de abril, cuando decidieron presentarse ante el defensor del Mayor, Raúl Guerrero, para solicitar que se garantice el derecho a la educación de sus hijos. Ya representados por el funcionario, se convocó también al defensor del Menor, Jorge Godoy, y entre ambos definieron citar al CPE (Consejo Provincial de Educación) y a ADOSAC (Asociación de Docentes Santacruceños) para comprometerlos a una audiencia que se celebró sin mayores resultados.

Tras ese encuentro, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero no fue acatada por decisión del congreso provincial de los docentes nucleados en la ADOSAC, que determinó la profundización de su plan de lucha en pos de una propuesta salarial mejorada que aún no llega.

ANTECEDENTE BONAERENSE

Si bien no hay antecedentes en Santa Cruz, en 2013, en medio del fracaso de la paritaria docente bonaerense, el juez Vicente Santos Atela ordenó que los gremios “cesen de inmediato la huelga” y que el Gobierno asegure la “continuidad del servicio” de educación y siga con la discusión salarial.

En su fallo, sostuvo que están en juego los derechos a enseñar y aprender, a la retribución justa, a hacer huelga en defensa de los derechos y los derechos del niño. Reconoció que los docentes tienen derecho a una remuneración digna y justa y a hacer un paro, pero también afirmó que los derechos no son absolutos y que los docentes son servidores públicos, que deben ayudar al Gobierno a satisfacer el bien común. Y, en la parte central del fallo, argumenta que los tratados internacionales obligan a proteger el “interés superior de los niños”, por lo cual merecen una protección jurídica mayor que la de los adultos. “Es decir, el derecho de huelga, en ese caso, debe ceder”, sostuvo.