Política

Defensores Oficiales lograron frenar el desalojo de los barrios usurpados

La apelación fue presentada por un defensor oficial, Walter Martínez, en representación de los ocupas y por el defensor del Menor Horacio Fernández, que solicitó la intervención de la Oficina de Niñez y del Ministerio de Desarrollo. Empero, la fuerza pública habría dado muestras de no querer correr con el costo político de los posibles incidentes. Ahora define el Juez de Recursos.

  • 04/05/2016 • 08:31
Más de 150 inscriptos en IDUV protestaron ante el juzgado
Más de 150 inscriptos en IDUV protestaron ante el juzgado

El 22 de abril y luego de cinco pedidos del fiscal Martín Sedan para que se dé curso al reclamo de IDUV y la Municipalidad en pos de recuperar las unidades habitacionales, el juez Mario Albarrán procedió a librar la orden de desalojo de tres barrios ocupados desde octubre del año pasado.

La medida establecía un plazo de 15 días corridos desde la recepción de la notificación para que abandonasen las casas, bajo apercibimiento de proceder con la fuerza pública.

La misiva echaba mano, además, al Artículo 222 bis del Código de Procedimiento Penal de Santa Cruz, una reforma que surgió en el año 2013, por sugerencia de juez de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción, Joaquín Cabral, que entendía que si los bienes sustraídos en instancias de robo debían ser devueltos, ¿por qué no los inmuebles?

Como en Río Gallegos, el acceso a la vivienda es una problemática enraizada, no sólo por un mercado inmobiliario exorbitante sino porque, de un tiempo a esta parte, el Estado dejó de brindar posibilidades a través de la obra pública.

Esto pasó en la ciudad del Gorosito y, desde el 19 de octubre pasado, en los barrios identificados como Planes 187 Viviendas, 62 Viviendas y 40 Viviendas, situación que, una vez denunciada por la Municipalidad y el Instituto de la Vivienda, tuvo su primer pedido de desalojo el 17 de noviembre.

Paralelamente, durante la noche del 3 de abril y madrugada del día siguiente de este año, el intendente Prades ordenó una escandalosa entrega de alrededor de cien viviendas del Plan Techo Digno, lo que generó que decenas de familias que estaban como adjudicatarias reclamasen ante la comuna y empapelasen luego los estrados de Albarrán para que desaloje las viviendas tomadas ilegalmente.

Si bien la semana pasada habían comenzado las notificaciones por parte de la Policía de Santa Cruz e incluso ayer se celebró una reunión para coordinar los desalojos, este medio pudo confirmar que la medida dispuesta por Albarrán quedaba suspendida por el momento.

Fue por el recurso de apelación que planteó el defensor oficial, Walter Martínez, que representa a los imputados en el delito de usurpación y por uno de los representantes del Ministerio Pupilar, Horario Fernández, quienes entendieron que el Estado debía intervenir en un escenario previo para evitar consecuencias sociales más gravosas.

 

pidieron Que intervenga niñez y mds

Ayer, este medio consultó al Defensor del Menor, en cuyo caso, el planteo fue advertir que un desalojo no podía llevarse adelante “sin que intervengan la Oficina de Niñez y también pedí una vista al Ministerio de Desarrollo Social para que aborde la problemática o se tomen las medidas correspondientes para resguardar a los niños”.

En este sentido, vale recordar que el quinto pedido del Fiscal Sedan para que se restituyan las casas incluyó jurisprudencia de la Corte Suprema, en cuanto a la eventual presencia de niños en las mismas, manifestando que, en realidad, la  afectación del derecho a la vivienda de menores de edad “sería anterior al desalojo que se pretende concretar y no consecuencia de él”.

Así las cosas, deberá ahora el juez de Recursos, Miguel Angel Meyer, establecer el momento en el que finalmente se dé el procedimiento de restitución, en un marco de consenso entre las áreas sociales del Estado, algo que daría incluso más oxígeno a las fuerzas de seguridad que no querrían cargar con el costo político de los posibles incidentes para hacer cesar el delito de usurpación.