Ortega se refirió a escucha que involucraría al Fiscal Chan en la investigación a Báez

La CTA presentó una nota ante el Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se investigue la veracidad de las escuchas telefónicas entre dos policías al dialogar sobre el traslado de dinero, la cual se hacía con “ayuda de la justicia”, en el marco de las investigaciones al empresario Lázaro Báez. Además, se indica que tendría una empresa de seguridad, lo cual no es compatible con su función.

Al respecto, Juan José Ortega, secretario general de del gremio de judiciales, señaló al ser entrevistado por Tiempo FM: “Lo que venimos haciendo desde hace un tiempo es hacer foco en este fiscal básicamente con el tema de esa empresa de servicios que prestaba servicio para Lázaro Báez y la compatibilidad ejecutiva y absoluta con esta relación contractual por decirlo de alguna manera”.

A partir de ahí, también tienen otros temas que aguardan la comprobación y que “serían mucho más escandalosos que los que estamos conociendo, con lo cual se ha abierto esta caja de pandora y esperemos que tenga resultados”.

Ortega señaló que la empresa se crea en el 2008, mismo año en que él asume como Fiscal, con pocos meses de diferencia. “Reglamentariamente en lo interno puede haber algún tipo de excepcionalidad y autorización por parte del Tribunal. Obviamente que depende de la clase de servicio y/o empresa que se quiera ofrecer. Seguridad y vigilancia habría que verlo finamente”, expuso.

Destacó que un dato importante para añadir es que “el domicilio legal que fija esta empresa  de seguridad lo fija en el estudio contable de Báez, lo cual la relación está totalmente viciada de un montón de irregularidades”.

“Por ahí no sé cómo va a sonar, pero me voy a hacer cargo de esto: si el Tribunal no toma cartas en el asunto yo me comprometo personal y públicamente a recorrer cada rincón de la provincia, cada espacio para hablar con cada uno de los trabajadores judiciales y pedirles que por favor no se trabaja un día más si hay un personaje como este trabajando entre nosotros”, apuntó el referente gremial.

Continuando, agregó que “la justicia no puede seguir adelante con una persona en su institución de esta magnitud. Hemos pedido de forma urgente que en el menor tiempo posible se lo aparte, se lo suspenda hasta que se vea el resultado de esa cuestión porque si no seguimos teniendo el lobo en el gallinero y no llegaos a ningún lado”.

En tanto, resaltó que “este es el hombre que ha procesado, que no ha hecho nada en algunos casos y ha impartido justicia desde qué lugar y qué ética”, considerando que es un grave daño.  

Asociación de Abogados

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Abogados en Río Gallegos, Javier Stoessel, también brindó su punto de vista sobre la situación: “Me parece que esto requiere una respuesta muy urgente por parte del Tribunal Superior, en otras ocasiones se han hecho denuncias también como el caso del Juez de Instrucción de Río Turbio, y pasa el tiempo y no hay una resolución”, siendo que “da una impresión muy negativa al servicio de justicia y creo que también perjudica a la persona que está siendo acusada”.

Agregó que tiene que abrirse un informe sumarial, “requerir al fiscal que exprese su postura o si hay algo que explique en caso de justificación en su actuación o no”.

“Si la situación es cierta creo que es muy grave institucionalmente”, señaló y espera que actúe con celeridad el Tribunal.