Política

Donnini convocaría a una reunión de intendentes

El objetivo de la reunión seria analizar la distribución de los ingresos. Al igual que los municipios, la provincia acusa déficit y por eso estableció el cobro de la devolución de los aportes para déficit pero además, que se haga efectivo el aporte a las cajas. Los intendentes irían con la Ley Arabel debajo del brazo.

  • 07/02/2016 • 10:54

Ni bien asumió Alicia Kirchner las riendas de la provincia de Santa Cruz, uno a uno los jefes comunales fueron convocados a su despacho para iniciar el proceso de relaciones institucionales.

 

Luego de los encuentros que se dieron en el mes de diciembre, algunos intendentes dieron a conocer que la Jefa de Estado les había dejado en claro que en esta nueva etapa debían cumplir con los aportes a la caja de jubilaciones y la obra social.

 

Se trata de una vieja discusión: los municipios sí aportan a la “intransferibilidad” de la CPS, aunque la provincia acusa incumplimiento en los aportes patronales, al igual que con la CSS donde, mes a mes, miles de empleados públicos sufren sus descuentos. 

 

TiempoSur pudo corroborar que el tema forma parte ineludible de la agenda que la mandataria Alicia Kirchner plantea con los intendentes, y que en breve se pondrá también sobre la mesa con el equipo económico del Gobierno.

 

Son décadas de acuerdos tácitos entre las comunas-que pugnan por una mayor distribución-y la provincia que, a cambio de darles eso, se hacía cargo de los aportes patronales que los intendentes retienen a los municipales pero que no transfiere.

 

Así, por ejemplo, en el caso de Caleta Olivia que paga más de cinco mil sueldos al mes, hoy Facundo Prades debe unos 1.300 millones de pesos que se les deben a las cajas de Previsión Social y de Servicios Sociales.

 

El año pasado incluso, la provincia acusó a los mandatarios comunales, a todos sin excepción, de no haber hecho frente jamás al pago de los aportes patronales para la Caja de Previsión, lo que los dejaría ante un supuesto de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” toda vez que las retenciones a los empleados comunales sí se ejecutan.

 

El descuento del 5%

 

Sin embargo, la reunión con el ministro Juan Donnini, tendría otro tema álgido en agenda, vinculado con el descuento del 5% de la coparticipación que empezó a ejecutar el Gobierno de Alicia Kirchner.

 

Sin dudas, el capítulo de este porcentaje que hoy se les comienza a descontar a los intendentes describe un aspecto intrínseco de la informalidad con la que se manejó la administración provincial.

 

Oportunamente, TiempoSur publicó informes explicando cuál era el argumento legal al que echó mano el Gobierno provincial que entendió que, los aportes para déficit no reintegrables que entregaba el ex gobernador Daniel Peralta a algunos intendentes, no tienen amparo legal ya que la Ley de Presupuesto sólo establece que la provincia puede asistir a los municipios mediante adelantos de regalías: ergo, con toma de deuda.

 

Es cierto que todos los intendentes se mostraron sorprendidos, pero sólo algunos salieron a decir que desconocían el porqué de las retenciones.

 

La semana que paso, el intendente de Perito Moreno, que jamás pidió aportes para déficit y ahora deberá hacerse cargo de devolver los dineros con los que la provincia asistió a Néstor Moro, Guillermo Bilardo y Mabel Garcia, reconoció que “Esto es lo que se nos informó desde el Gobierno, es el descuento de todo el dinero que ha sido enviado para la mayoría de la municipalidades que no son autosustentables”.

 

Casarini, fue hasta el 10 de diciembre subsecretario de Estado de Gobierno e Interior, es decir, quien en el Gobierno de Peralta recibía los pedidos de aportes para déficit no reintegrables que ahora deben devolverse porque, cada vez que la provincia ayudaba a un municipio, los fondos habrían salido de nación y, si Santa Cruz tiene que renegociar permanentemente deuda con el poder central, también deben hacerlo las comunas.

 

Hoy, en un escenario insólito donde la ayuda que parecía que no debía reintegrarse se vuelve una deuda, se hace evidente cómo la distribución de esos fondos fue, en la gran mayoría de los casos cada vez más necesaria porque cada vez se agrandaba más la planta municipal.

 

“El dinero se fue en la cantidad de empleados, la superpoblación es impresionante” reconoció el Intendente perítense, que recibe 5 millones de pesos por mes de coparticipación y su déficit es de 10 millones.

 

Sin embargo, hay que aclarar que los aportes para déficit no fueron un invento de Peralta, sino un mecanismo corriente de los últimos años para morigerar el impacto del centralismo fiscal.

 

 

“Ley Arabel”

 

Pero no todo será discutir en torno a los compromisos que las localidades asumieron con la provincia, sino que bustos también estarían estableciendo el modo de darle un nuevo brío a la llamada “Ley Arabel”, una norma promulgada pero que no se aplica.

 

Viene de un proyecto presentado por el diputado ahora re-electo de El Calafate, Jorge Arabel pero que es una suerte de re edición de otro presentado en 2009.

 

Ya en septiembre de ese año, el Parlamento santacruceño pedía un debate sobre la distribución de fondos a comunas y comisiones de fomento. Lo impulsó el bloque mayoritario del FPV para actualizar el Régimen de Coparticipación Provincial, que viene de la dictadura militar, cuando el Brigadier Mayor (r) Antonio Diego López comandaba los destinos de Santa Cruz.

 

Precisamente la idea es transparentar los viejos aportes para déficit. La “Ley Arabel” reconoce que no existe una herramienta que obligue a los municipios a que tengan una mayor responsabilidad fiscal, y proponía que la provincia sólo asista financieramente a los municipios en aquellos casos en los que “como resultado de su política salarial se otorguen incrementos de sueldo a la totalidad de los empleados públicos”.

 

Lo cierto es que el gabinete económico del ministro Donnini se prepara para atender a la discusión con los mandatarios y si bien el encuentro iba a ser esta semana que comienza, esto podría llegar a  postergarse si acaso se realiza la sesión extraordinaria solicitada por los legisladores de Unión Para Vivir Mejor (UPVM), con fecha el 16 de febrero, ya que uno de los puntos es que el Ministro concurra a comentar cuál es la situación económica de Santa Cruz.